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Justicia propondrá una reforma del Código Civil para hacer más cortos los trámites del divorcio

El Ministerio de Justicia pretende agilizar los procedimientos actuales de separación y divorcio mediante un anteproyecto de ley que enviará en septiembre al Consejo de Ministros. El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, ha asegurado este martes que el Ministerio dispone ya de un borrador de la reforma en el que, entre otros aspectos, se establece la supresión del requisito de la separación como paso previo al divorcio. Para López Guerra, los plazos actuales son "excesivamente largos" y en ocasiones incentivan las situaciones de confrontación.

L D (EFE) De esta forma, explicó el secretario de Estado, la separación y el divorcio se convertirán en fórmulas "alternativas" para que "el que quiera se divorcie y el que lo prefiera, opte por la separación". Los trámites de divorcio serán "muy rápidos, de pocas semanas" cuando sea de mutuo acuerdo y a través de los juicios rápidos cuando éstos estén instaurados en la jurisdicción civil.

Cuando el divorcio no sea por consenso de la pareja sino a petición de una de las partes, disolución de la sociedad matrimonial que requiere más trámites ya que el juez debe determinar las condiciones en las que se lleva a cabo, el objetivo es que se resuelva en "pocos meses". No obstante, el secretario de Estado de Justicia indicó que los plazos dependerán también de la situación de cada Juzgado.

Agregó que el borrador persigue también el objetivo de eliminar la causalidad -aducir determinadas causas- para iniciar un procedimiento de divorcio ya que "no se puede forzar a nadie a estar casado si no quiere". López Guerra explicó también que la ley tendrá muy en cuenta la existencia de terceras personas afectadas por la separación o el divorcio, como los hijos, y que la disolución se produzca en condiciones de equidad.

La previsión del Ministerio de Justicia es que el Consejo de Ministros vea el anteproyecto de ley en las primeras semanas del próximo mes de septiembre, tras lo que pasaría a informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado e iniciaría su trámite parlamentario.

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