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El 90 por ciento de los guardia civiles de Ceuta quieren cambiar de destino debido a las agresiones

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cifra entre el 85 y el 90 por ciento el porcentaje de agentes del instituto armado que ejercen su labor en Ceuta que quiere cambiar de destino debido a las “constantes agresiones por parte de grupos organizados en la frontera con Marruecos”. El año pasado se produjeron quinientas agresiones y sólo dos detenciones de responsables de estos ataques contra agentes de la Guardia Civil.

L D (EFE)  El secretario general de la Federación Sur de la AUGC, Fernando José Morales, ha informado que esta asociación presentará en los próximos días una denuncia ante la Fiscalía de Ceuta con el objetivo de depurar responsabilidades ante la “pasividad” de las autoridades ante las agresiones de las que son objeto los agentes.

Añadió que es “inadmisible” que durante 2003 se produjeran más de 500 agresiones a guardias civiles y sólo se registraran dos detenciones y recordó que en la última agresión, la semana pasada, “cuatro compañeros resultaron heridos y dos de ellos precisaron asistencia hospitalaria”.

Morales no descartó que los grupos organizados que planifican esas agresiones y que, a su juicio, están relacionados con tráfico de drogas, mercancías y personas, podrían “estar en connivencia con algún sector de la Policía marroquí”, que les facilita el acceso a la frontera.
 
Relató que el modo de actuar de estos grupos consiste en agrupar a numerosas personas y al tiempo que rompen la valla de seguridad y los sensores de la frontera, lanzan piedras contra los agentes que intentan evitar que se produzca una avalancha de inmigrantes. De esta manera, según Morales, estos grupos consiguen distraer a los agentes de la Guardia Civil y pasan mercancías ilícitas por otros puntos de la frontera, que no pueden ser vigilados porque los funcionarios del instituto armado tienen que dedicarse a repeler esos ataques.

Estas agresiones no solo se producen en la frontera, explica Morales, sino también dentro de la zona española e, incluso, cuando los funcionarios están siendo trasladados en coches oficiales hasta el lugar donde se producen las avalanchas.

La demanda ante la Fiscalía también se trasladará al Parlamento Europeo y ha sido remitida a organizaciones como Amnistía Internacional o la Asociación pro Derechos Humanos de Ceuta, porque, según Morales, “estamos hablando de trabajadores que salen de sus casas y no saben si van a regresar”.

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