(Libertad Digital) El PSOE ultima los detalles de una nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos, con la pretensión de obligar al resto de las agrupaciones a que el dinero que reciben como donaciones provenga, principalmente, de los Presupuestos Generales del Estado. Entre las modificaciones más importantes que planea el Gobierno está la prohibición de las aportaciones empresariales y la limitación de los donativos particulares (que ya no podrán ser anónimos) al techo de 60.000 euros anuales.
El texto, que será discutido en septiembre, tendrá una difícil acogida entre los demás partidos políticos. De acuerdo con el miembro de las direcciones del PP y diputado de UPN, Jaime Ignacio del Burgo, la propuesta del PSOE sólo busca transmitir a la opinión pública la idea de que el Partido Popular se financia con cargo a donaciones privadas, y que por tanto, no está sujeto a las normas de la Transparencia “lo cual es absolutamente falso” aseguró.
Del Burgo sostuvo que el PP es un partido saneado y que no requiere de “ningún artificio” para tratar de financiarse.
Por ello, los populares han accedido a conversar acerca de la propuesta del PSOE, y recuerdan que ya durante la legislatura 1996-2000 ambos partidos estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo para que este tipo de aportaciones fueran nominativas, transparentes y fiscalizables; pero su discusión se suspendió por “la actitud” de los partidos nacionalistas que entonces gobernaban Cataluña y el País Vasco, los principales perjudicados por los “severos límites” a las donaciones privadas.
Viejas discusiones
El borrador de la Ley se divide en tres partes, y algunos aspectos de ésta ya fueron defendidos en su momento por el PP, como la instauración de límites rigurosos, en lugar de eliminar las aportaciones empresariales. La redacción la llevó a cabo el diputado Francisco Fernández Marugán, y modifica el régimen de subvenciones, el régimen de donaciones y el control por el Tribunal de Cuentas. Así, los donativos sólo podrán realizarlos personas físicas, que tendrán que dar su nombre y apellidos, y las aportaciones serán de un máximo de 60.000 euros anuales, por la eliminación de los donativos de las empresas.
Esta propuesta parlamentaria pone a los españoles “de nuevo ante la demagogia socialista” según Jaime del Burgos, quien reitera que se pretende inducir a la sociedad “a la idea de que el PP es el causante de todos los males”, y que en asuntos de mayor transparencia “no va a ganar el PSOE”. Y aprovechó la oportunidad para recordar que la ley actual, procedente de 1987, fue promovida por los socialistas como la solución a los problemas de financiación irregular, mientras que al mismo tiempo "habían montado ya el caso Filesa".