(Libertad Digital) Dos miembros del Gobierno, José Antonio Alonso y María Teresa Fernández de La Vega; y el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, han pasado por la asociación “progresista”, Jueces para la Democracia (JpD).
En su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial, el actual ministro del Interior, José Antonio Alonso, dejó muy clara su oposición al endurecimiento de las penas y a las reformas del Código Penal que venían a garantizar el proceso penitenciario de un recluso y, para el caso de los terroristas, el cumplimiento íntegro de las penas. El Gobierno del PP trató de mitigar con dichas reformas las escandalosas excarcelaciones de presos reincidentes que accedían al tercer grado (régimen abierto) y continuaban delinquiendo. Son muchos los episodios que se pueden relatar. Quizá los más significativos por el eco mediático que tuvieron sean los protagonizados por la ex juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso.
En el Pleno del CGPJ del 5 de noviembre de 2002, el actual ministro del Interior apoyó una propuesta para que el órgano emitiera una nota de apoyo a la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, tras las excarcelaciones de etarras
El Congreso que en mayo celebró Jueces para la Democracia es un ejemplo de cómo puede desarrollarse la política judicial y penitenciaria del PSOE. JpD consiguió que el ministro López Aguilar se comprometiera a deshacer algo que incluso el tan accidentado Pacto por la Justicia consideraba irrenunciable: mantener al Tribunal Supremo como máximo escalón judicial de casación. El ministro, que inauguró el Congreso celebrado en Barcelona, adujo que había que “descongestionar” al Supremo y conceder más poder a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada comunidad. Los jueces que le habían elevado la propuesta los definían como “cúspides judiciales”.
El Congreso que en mayo celebró Jueces para la Democracia es un ejemplo de cómo puede desarrollarse la política judicial y penitenciaria del PSOE. JpD consiguió que el ministro López Aguilar se comprometiera a deshacer algo que incluso el tan accidentado Pacto por la Justicia consideraba irrenunciable: mantener al Tribunal Supremo como máximo escalón judicial de casación. El ministro, que inauguró el Congreso celebrado en Barcelona, adujo que había que “descongestionar” al Supremo y conceder más poder a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada comunidad. Los jueces que le habían elevado la propuesta los definían como “cúspides judiciales”.
Pero para la clausura del Congreso, donde el invitado de excepción era el Fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, había otra petición que quizá afecte más al ciudadano: rebajar las condiciones para que un preso acceda al régimen penitenciario abierto.
Los incentivos de la vida carcelaria
Y lo más importante: piden al Ministerio de Justicia que reforme el artículo 90 del Código Penal y el 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Se pretende pues, que no constituyan requisitos ineludibles para el acceso al tercer grado de tratamiento penitenciario, y por tanto al régimen de semilibertad, el haber cumplido el periodo de seguridad de la mitad de las condenas impuestas, ni el haber satisfecho las responsabilidades civiles impuestas en sentencia, con independencia de la capacidad económica del penado o de la declaración judicial previa de insolvencia.
JpD considera necesarias estas medidas porque "la situación en las prisiones se están haciendo insostenible", se ha producido un "desproporcionado" incremento de la población reclusa, lo que unido al hecho de que "el tiempo real o efectivo de encierro para los penados sea cada vez mayor, está llenando de desesperanza y de ausencia de incentivos vitales la vida" carcelaria.
Respecto al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plenario del Congreso acordó aprobar provisionalmente la ponencia presentada y dejar un tiempo para presentar enmiendas después de que varios miembros abogaran por tener más tiempo para su discusión.
Durante varias horas, los miembros de JpD debatieron la propuesta de reforma elaborada por una comisión y donde entre otros aspectos se defiende la supresión de la Audiencia Nacional, la ampliación de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia y la creación en cada comunidad de un Consejo de Gobierno del Poder Judicial. En el debate se puso de relieve la imposibilidad de abarcar en un tiempo tan limitado la discusión de la propuesta, al tiempo que también se alzaron voces contrarias a determinados puntos de la ponencia.
Por ello se decidió aprobar de manera provisional el texto y dar un plazo hasta el 30 de septiembre para la presentación de enmiendas -avaladas por las secciones territoriales o comisiones sectoriales de JpD-, que se remitirán a la comisión que elaboró el proyecto, que trabajará sobre ellas quedando por aceptados aquellos puntos que no hayan sido enmendados.