L D (EFE) El más destacado es el referido a la regulación de las oficinas de la Generalidad en el exterior, una especie de “embajadas autonómicas paralelas” a las que atribuye la posibilidad de fomentar las relaciones con las instituciones y órganos del país donde se establezcan. Ante el conflicto planteado por el Estado en el Tribunal Constitucional, la Generalidad decidió modificar el decreto para matizar que sólo actúa en el extranjero "en aquellas materias en que tiene la competencia atribuida" y se desvinculó de cualquier intención de "regular flujos migratorias".
Además, el Gobierno central retira los recursos sobre el nombramiento de los secretarios como miembros de las comisiones de secretarios judiciales de Cataluña, la ocupación, los derechos reales de garantía y la primera Ley del Código Civil de Cataluña.
Esta decisión ahora aprobada ya fue acordada por la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Generalidad el pasado 22 de julio. En ese encuentro, Maragall se comprometió a retirar otros siete recursos que tenía pendientes con el Ejecutivo central.
El TC lo había admitido a trámite
El pasado uno de noviembre, el Boletín Oficial del Estado publicó la admisión a trámite del conflicto positivo de competencia del Ejecutivo del PP frente al Gobierno catalán en relación con los artículos 3.1.c y 5.3 del decreto de la administración autonómica de 10 de junio de 2003 sobre regulación de las oficinas de la Generalidad en el exterior.
La publicación en el BOE recogía que el Gobierno central invocó el artículo 161.2 de la Constitución, "lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del conflicto", el 25 de septiembre de 2003.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la De la Vega insistió en que se trata de "rebajar y relajar" tensiones así como de "abrir una etapa de colaboración entre el Gobierno y las distintas instituciones del Estado, que son el Gobierno y las comunidades autónomas".