L D (EFE) Estados Unidos da largas de forma sistemática al cumplimiento de una resolución condenatoria del órgano de solución de disputas de septiembre de 2002 al no haber revocado todavía, como se le exige, la llamada ley antidumping de 1916, denunciada también por la UE. Esa ley estadounidense permite entablar procesos civiles o criminales contra empresas extranjeras acusadas de competencia desleal o poner multas o exigir daños y perjuicios por el triple del posible perjuicio sufrido, lo que viola las normas de la OMC.
La UE siempre ha expresado su esperanza de que Estados Unidos revoque esa ley y haga innecesarias esas represalias europeas. 
Tanto la UE como Japón han denunciado en repetidas ocasiones a Washington por no haber abolido una ley nacida del temor estadounidense después de la Primera Guerra Mundial (1914-18) a que las empresas europeas, sobre todo alemanas, intentasen ganar cuotas de mercado en aquel país en detrimento de las nacionales. Ambos socios comerciales solicitaron en febrero de 1999 el arbitraje de la OMC por considerar la ley de 1916 incompatible con varios artículos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y de la propia OMC, que les dio la razón definitivamente en septiembre de 2000.
Una larga historia
La decisión ha sido adoptada por el Organo de Solución de Diferencias (OSD) de esa institución multilateral tras la negativa de Washington de modificar su legislación para acabar con ese mecanismo considerado como una subvención indirecta a sus empresas.
El mecanismo conocido como "Enmienda Byrd", que anteriormente había sido declarado ilegal por la OMC, autoriza al servicio de aduanas de EE.UU. a distribuir directamente entre sus empresas nacionales denunciantes de prácticas antidumping el dinero recaudado por las sanciones impuestas. Las sanciones comerciales podrán ser aplicadas por los países de la Unión Europea, así como por México, Brasil, Chile, Canadá, Japón, Corea y la India.