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Los inmigrantes con trabajo durante al menos un año obtendrán la regularización

El Reglamento de la Ley de Extranjería, que el Gobierno prevé aprobar en octubre, incluirá la figura del "arraigo laboral", que permitirá legalizar a los trabajadores inmigrantes irregulares que presenten una denuncia y demuestren que su relación laboral dura al menos un año. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, destacó la necesidad de abrir un proceso inmediato de "normalización" de los extranjeros que se encuentran en esta situación.

(Libertad Digital) Caldera compareció en la Comisión correspondiente del Congreso, explicó que se trata de una propuesta abierta a las aportaciones de los agentes políticos y sociales y avanzó que esa fórmula será transitoria. Caldera destacó que las bases de la política de información del Gobierno serán la gestión de los flujos migratorios según las necesidades del mercado laboral, la lucha contra la inmigración clandestina, la integración social de los inmigrantes y la cooperación con los principales países de origen.  
 
El ministro de Trabajo criticó la política de inmigración llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP por “incoherente, restrictiva y burocratizada” y recordó que durante las dos últimas legislaturas se produjeron cinco procesos extraordinarios de regularización.
 
En cuanto a las actividades desarrolladas por el PSOE en materia de inmigración, destacó que  este verano no se ha detectado ningún aumento significativo de la inmigración irregular y que la llegada de pateras se ha reducido en un 9 por ciento desde enero y en un 14 por ciento en el mes de agosto en relación con el 2003. Anunció que la ampliación del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE) a Andalucía oriental y Canarias y un refuerzo de los medios policiales en las fronteras.
 
Caldera también insistió en la necesidad de atacar las causas en el lugar de origen y la cooperación con Marruecos para luchar contra la inmigración clandestina.
 
El ministro dijo que cuando accedieron al Gobierno se encontraron con un “colapso” en las oficinas de extranjería y con perspectivas de incrementarse sobre todo en las renovaciones de autorizaciones, personas que ya estaban regularizadas y que podían caer en la ilegalidad por las trabas burocráticas. “El Gobierno estableció un plan de medidas urgentes para evitar que estas personas perdieran su empleo. Se crearon 267 plazas para aumentar la plantilla, más oficinas y se modificó el sistema de cita previa”.

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