L D (EFE) El presidente de Andalucía Acoge, Abderrahmane Essaadi, aseguró en un comunicado que, con la propuesta del Gobierno, “el empresario tendrá miedo de contratar al inmigrante” y éste “se verá en la tesitura de denunciar a su empresario para conseguir la documentación”. Consideró que proponer a los inmigrantes que denuncien a los empresarios que los contratan “supone una dejación de funciones del Gobierno, que cuenta con la Inspección Laboral como instrumento para detectar la economía sumergida, y sin embargo prefiere enfrentar a los ciudadanos entre sí”. En cuanto al pago de la deuda a la Seguridad Social para que el empresario no sea multado, cree que “recaerá finalmente sobre el inmigrante”.
El presidente de la Asociación Rumiñahui, Edgar Constante, dijo que la propuesta es “burlona y no responde a las necesidades del mercado laboral”. “Se debe iniciar un proceso de regularización sin condición alguna, que permita obtener los papeles a aquellos inmigrantes que ya se encuentran en territorio español”. “Es imposible que un inmigrante denuncie a los empresarios, cuando no se podrá demostrar nunca que ha estado trabajando, en eso consiste el trabajo clandestino”.
Cáritas denuncia "incertidumbre"
Cáritas mostró su preocupación por "la incertidumbre" generada tras las propuestas de regularización anunciadas por el Gobierno, cuestionó la eficacia de algunas de estas medidas y recalcó que su aplicación no será inmediata, sino en torno a enero. López explicó que las sedes locales de su organización han recibido este martes cientos de llamadas en busca de información sobre qué gestiones iniciar para "hacerse con los papeles", pero hasta enero de 2005 posiblemente no se apliquen ni estas medidas ni tampoco el reglamento de extranjería, entregado hoy por el Gobierno a sindicatos y empresarios para su negociación.
Por otro lado, López indicó que algunas de las medidas anunciadas ayer por Caldera en el Congreso de los Diputados "no van a ser efectivas, por ejemplo el empleador que quiera regularizar a su trabajador seguramente prefiere borrón y cuenta nueva que pagar con carácter retroactivo" las cotizaciones a la Seguridad Social. También es "difícil que un extranjero que lleva trabajando un año decida denunciar a su empleador", concluyó López.
Aunar voluntades
El secretario general del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), Enrique Santiago, pidió que no se exija la denuncia del trabajador para que éste pueda obtener sus papeles por "arraigo laboral". Santiago apostó por fijar un mecanismo que permita aunar las voluntades del inmigrante y del empleador, de modo que el primero no tenga que denunciar al segundo.
CEAR tampoco está de acuerdo con que las autorizaciones de trabajo se concedan vinculadas a la duración del contrato que ofrezca el empresario, ya que, a su juicio, "se abren así las puertas para muchos fraudes". En opinión de Santiago, se creará una relación de "absoluta dependencia" del trabajador extranjero con su empleador y se "anulará la posibilidad de que el inmigrante ejerza sus derechos sindicales", ya que "el empresario podrá amenazarle con rescindir su contrato y, en consecuencia, con anular su autorización de residencia".
