L D (EFE) La resolución es consecuencia de la decisión que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional tomó el pasado 15 de julio, por la que acordó declarar la competencia de este tribunal para investigar los hechos anteriores y posteriores al accidente del avión Yakovlev 42, ocurrido el 26 de mayo de 2003.
La sala precisó que la investigación debería ceñirse a determinar "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad española (...) por supuesta dejación de sus obligaciones en el control de la contratación y modo de transporte de los militares españoles" y a comprobar si las certificaciones de defunción emitidas por dos generales de división médicos pudieran constituir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.
Sin embargo, la Audiencia Nacional no podrá entrar a conocer sobre cómo se produjo el accidente aéreo, debido a que las autoridades turcas -competentes por el llamado principio de territorialidad- ya han abierto una investigación sobre ese extremo. En vista de esta resolución, la juez Palacios dio por admitidas a trámite las denuncias interpuestas por la Asociación de Familiares del Yak-42 y solicitó a la Fiscalía su opinión sobre los pasos a seguir.
El fiscal Fernando Burgos le remitió entonces un escrito en el que distinguía dos series de actos susceptibles de constituir sendas infracciones penales y con distintos sujetos imputables en cada caso, en referencia a la contratación y ejecución del vuelo y a la identificación de los cadáveres y restos humanos en Turquía, respectivamente. El representante del ministerio público afirmaba también que esos dos episodios no estaban relacionados desde el punto de vista penal, por lo que deberían ser investigados en procedimientos distintos.
Así, para conocer lo que ocurrió antes del vuelo solicitaba que se pidiera al Ministerio de Defensa el informe denominado "Información previa" elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún sobre la contratación de vuelos militares a través de la agencia de la OTAN NAMSA, fechado en diciembre de 2003 y registrado en el Congreso de los Diputados el 2 de enero de 2004.
En el informe se constataba la existencia de catorce partes de queja elevados por mandos militares sobre deficiencias de los vuelos antes del accidente del YAK-42 y se decía que "todo ello conduce a preguntarse sobre el efectivo grado de cumplimiento de los dispuesto en el artículo 4.8 del acuerdo de ventas, que coloca a NAMSA en posición de garante de la correcta ejecución del contrato". Sobre el aparato que se estrelló en Turquía, el informe concluía que "no hubo denuncia alguna, en los vuelos anteriores efectuados por este avión, que afectara a su seguridad".
En lo que se refiere a la investigación de lo ocurrido tras el siniestro, la Fiscalía instaba a la juez Palacios a que solicitara a Defensa los documentos generados durante la identificación de los cadáveres y que tomara declaración como imputados a los autores de los mismos, el general médico de División Vicente Navarro y del general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán.
En la providencia dictada este lunes, Teresa Palacios accede a todas las peticiones del fiscal, salvo a la citación de los dos generales, sobre la que decidirá una vez tenga en su poder la documentación requerida. Además, pide a las autoridades de Turquía, también a instancias del ministerio público, "el informe pericial sobre las causas del siniestro aéreo y relación de personas que constituían el pasaje que resultaron muertas".
La sala precisó que la investigación debería ceñirse a determinar "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad española (...) por supuesta dejación de sus obligaciones en el control de la contratación y modo de transporte de los militares españoles" y a comprobar si las certificaciones de defunción emitidas por dos generales de división médicos pudieran constituir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.
Sin embargo, la Audiencia Nacional no podrá entrar a conocer sobre cómo se produjo el accidente aéreo, debido a que las autoridades turcas -competentes por el llamado principio de territorialidad- ya han abierto una investigación sobre ese extremo. En vista de esta resolución, la juez Palacios dio por admitidas a trámite las denuncias interpuestas por la Asociación de Familiares del Yak-42 y solicitó a la Fiscalía su opinión sobre los pasos a seguir.
El fiscal Fernando Burgos le remitió entonces un escrito en el que distinguía dos series de actos susceptibles de constituir sendas infracciones penales y con distintos sujetos imputables en cada caso, en referencia a la contratación y ejecución del vuelo y a la identificación de los cadáveres y restos humanos en Turquía, respectivamente. El representante del ministerio público afirmaba también que esos dos episodios no estaban relacionados desde el punto de vista penal, por lo que deberían ser investigados en procedimientos distintos.
Así, para conocer lo que ocurrió antes del vuelo solicitaba que se pidiera al Ministerio de Defensa el informe denominado "Información previa" elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún sobre la contratación de vuelos militares a través de la agencia de la OTAN NAMSA, fechado en diciembre de 2003 y registrado en el Congreso de los Diputados el 2 de enero de 2004.
En el informe se constataba la existencia de catorce partes de queja elevados por mandos militares sobre deficiencias de los vuelos antes del accidente del YAK-42 y se decía que "todo ello conduce a preguntarse sobre el efectivo grado de cumplimiento de los dispuesto en el artículo 4.8 del acuerdo de ventas, que coloca a NAMSA en posición de garante de la correcta ejecución del contrato". Sobre el aparato que se estrelló en Turquía, el informe concluía que "no hubo denuncia alguna, en los vuelos anteriores efectuados por este avión, que afectara a su seguridad".
En lo que se refiere a la investigación de lo ocurrido tras el siniestro, la Fiscalía instaba a la juez Palacios a que solicitara a Defensa los documentos generados durante la identificación de los cadáveres y que tomara declaración como imputados a los autores de los mismos, el general médico de División Vicente Navarro y del general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán.
En la providencia dictada este lunes, Teresa Palacios accede a todas las peticiones del fiscal, salvo a la citación de los dos generales, sobre la que decidirá una vez tenga en su poder la documentación requerida. Además, pide a las autoridades de Turquía, también a instancias del ministerio público, "el informe pericial sobre las causas del siniestro aéreo y relación de personas que constituían el pasaje que resultaron muertas".