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ENTRE ELLOS XABIER ALEGRÍA, IMPUTADO POR EKIN Y EGUNKARIA

Garzón procesa a 21 miembros de la Udalbiltza de Batasuna-ETA por pertenencia a banda terrorista

El juez Baltasar Garzón acordó este miércoles el procesamiento de veintiún miembros de Udalbiltza-Kursaal (Asamblea de Electos de Batasuna-ETA), de los que tres permanecen en prisión, por su presunta pertenencia a ETA y por "allegamiento" de fondos, al tratarse de un proyecto del aparato político de la banda, Ekin. Entre los procesados destaca Xabier Alegría, uno de los principales imputados en las causas de Ekin y Egunkaria.

L D (EFE) El magistrado de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión en un auto de 57 páginas, en el que señala que los procesados deberán reintegrar el monto total del dinero recibido a través del entramado Udalbiltza-Kursaal, cuya ilicitud decretó Garzón el 30 de abril de 2003.

Entre los procesados destaca Xabier Alegría, uno de los principales imputados en las causas de Ekin y Egunkaria, así como otros dos responsables de Udalbiltza, Miriam Campos y Jose Mikel Garmendia, que son los tres que se encuentran en prisión por estos hechos.
 
Tras el pacto de Estella

Garzón considera acreditado que tanto la plataforma Udalbiltza-Kursaal como las sociedades que forman parte de su entramado Udalbiltzaren Partzuergoa (Consorcio Udalbiltza) y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa (Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo), a las que Garzón suspendió de sus actividades en junio pasado, "se hallan integradas en el armazón del complejo terrorista liderado por ETA-EKIN".

De este modo, añade, tanto Udabiltza-Kursaal como sus dos sociedades instrumentales forman parte de "la misma estructura ilícita y delictiva (ETA-EKIN), que actúa con diversidad de medios pero con unidad de propósitos como son la subversión del orden constitucional o la alteración de la paz pública".

Los documentos intervenidos en esta causa, prosigue el auto, "evidencian que Udalbiltza-Kursaal es una renovación delictiva de la Udalbiltza" surgida durante el transcurso de la tregua-trampa de ETA, entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999, como fruto de los contactos entre miembros del PNV-EA y responsables de ETA, que dieron lugar a una serie de acuerdos, como el llamado pacto de Estella bajo el que se amparó la constitución de la citada entidad.

Según Garzón, "la discrepancia de los representantes del PNV y EA sobre cual debía ser el modelo a seguir con Udalbiltza, y, en especial, el carácter alternativo a la institucionalidad y legalidad vigentes, que ETA había diseñado para Udalbiltza, hace que la organización terrorista de por finalizada la 'tregua' en noviembre de 1999". A partir de ese momento, "ETA-EKIN y la Izquierda Abertzale se proponen la reactivación, al margen del PNV-EA, de Udalbiltza".

Los carnés de identidad vasca con dinero público

Así, el 24 de febrero de 2001, se celebra en el Palacio Kursaal de San Sebastián la primera Asamblea de esta plataforma, que "en forma alegal, actuará bajo la única dirección de ETA-EKIN". En esta misma Asamblea, en la que se acuerda un presupuesto para 2001 que asciende a 991.670 euros para sufragar a nueve comisiones de trabajo, "se decide también dar cauce a la plataforma Bai Euskal Herria (Sí a Euskal Herria) para que dinamice la 'Declaración de nacionalidad de Euskal Herria', consistente en la elaboración de un documentación de identidad vasco (EHNA)".

Para la impresión del EHNA, indica la resolución, se utilizan fondos públicos de los Ayuntamientos integrados en Udalbiltza-Kursaal y su diseño y confección se asigna a una empresa pantalla de EKIN, "Zart Komunikazioa". Por todo ello, Garzón concluye que las actividades de Udalbiltza-Kursaal "se ubican en el ámbito de actuación del MLNV y con subordinación a las directrices impartidas por ETA-EKIN e incluso Batasuna, a la vez que han sido financiadas con fondos de los ayuntamientos controlados por dicha formación política", antes de que fuera decretada la suspensión de sus actividades y, posteriormente, su ilegalización.

Los principales objetivos de la plataforma eran promover conductas masivas de desobediencia hacia la legalidad constitucional y servir de financiación del MLNV y sus estructuras a costa de los presupuestos de los ayuntamientos integrados y a través de sus dos sociedades instrumentales.

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