L D (EFE) En la sesión de control, el titular de Justicia añadió que el Gobierno "se preocupará mucho" de que, dentro de este respeto a las confesiones religiosas, no exista identificación de los poderes públicos con "ninguna simbología" religiosa.
Las intenciones del Ejecutivo se enmarcan, dijo, en lo que "mandata" la Constitución, ya que ésta indica que debe darse la cooperación con la Iglesia católica y con las religiones que se practiquen en España sin que ello suponga "promoción o propagación" de las confesiones porque esa "no es misión de los poderes públicos". Por ello, el Gobierno sí promoverá "una aproximación laica y aconfesional" a lo que establece la Constitución sobre este asunto, lo cual ha quedado demostrado en el campo educativo al potenciar el Gobierno "un reordenamiento de la religión" en dicho ámbito.
También en el aspecto financiero, ya que, explicó López Aguilar, los Presupuestos Generales del Estado del año que viene incluyen una disposición adicional que contempla "una fundación de carácter público que podrá dar cabida a líneas de cooperación con capitales privados para que las confesiones cooperen positivamente desde su obra social, educativa y cultural y se integren sus respectivos comunidades en la sociedad".
Todas estas declaraciones fueron la réplica del ministro de Justicia a la intervención del senador de IU, Eduardo Cuenca, quien en su turno opinó que el Gobierno "está fallando" en este aspecto y ha de acometer, cuanto antes, la supresión del "régimen privilegiado de las fundaciones y asociaciones católicas". En este sentido, instó al Ejecutivo a que adopte medidas educativas, judiciales y económicas que limiten "la incidencia de la Iglesia católica".
Según señaló Sierra, "no hay elementos" en la gestión del Gobierno encaminados a dejar el "adoctrinamiento religioso a las puertas de la escuela pública", la separación de la Iglesia y del Estado o la derogación de los acuerdos suscritos con la Santa Sede. Asimismo, abogó por reducir la partida de 142 millones de euros que recibirá la Iglesia católica el año que viene, según consta en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, apuntó el ministro de Justicia, el Gobierno dará garantía del carácter aconfesional del Estado por su "compromiso leal y rotundo" con lo que exige la Constitución al respecto.