El TSJC obliga a la Generalidad a preguntar qué idioma hablan los alumnos antes de matricularse

L D (Agencias) Cuatro años después de que la plataforma Convivencia Cívica Ciudadana denunciara la inmersión lingüística de hecho que existía en Cataluña, el TSJC lo estima en parte en una sentencia hecha pública el pasado septiembre. La decisión ni siquiera garantiza el derecho a elegir la lengua en la que se educará a los alumnos de primera enseñanza, pero ya ha sido interpretada como un paso adelante. Ahora tendrán que volver a preguntar. Eso sí, la decisión llega fuera de plazo para el presente curso escolar.

 

La sentencia, hecha pública por la sección quinta del alto tribunal, estima así parcialmente un recurso presentado en 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que presidía entonces el dirigente del PP Aleix Vidal-Quadras, y que reivindica el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en castellano si así lo desean los padres.

Convivencia Cívica ha recibido esta sentencia como "un primer paso" para que los padres puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de su hijo y para acabar con el actual modelo de inmersión lingüística en catalán. Hasta el curso 1998-1999, en los formularios de preinscripción había una casilla que preguntaba por la lengua familiar del alumno. Se suponía que con esa información el departamento de Educación debería garantizar al castellano hablante su educación en ese idioma. A partir de ese año, se eliminó la casilla. Es decir, ni siquiera se preguntaba por lo que las clases se impartían en catalán ignorando –más bien, no queriendo ver– que más de la mitad de los alumnos de primaria eran castellano hablantes.

Por su parte, el departamento de Educación ha asegurado, en un comunicado, que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ha subrayado que la sentencia "no cuestiona el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas".

Según informa la agencia EFE, el TSJC asegura que la Generalitat deberá "adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares sostenidos por fondos públicos por su lengua habitual, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en su lengua habitual la primera enseñanza". El tribunal recuerda que la ley de Política Lingüística de 1999 contempla que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea el catalán o el castellano" y que "la Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo".

Convivencia Cívica Catalana pedía la adopción de medidas para que en un modelo oficial se pregunte a los padres de los niños preinscritos por su lengua habitual para que éstos pudieran ejercer el derecho a recibir la primera enseñanza (educación infantil y primaria) en este idioma, ya sea el catalán o el castellano. En su comunicado, Educación lamenta "el intento de la entidad presidida por Aleix Vidal-Quadras de fomentar la segregación lingüística en las escuelas catalanas".

Este departamento, que dirige ahora Marta Cid, asegura que la cuestión planteada por Convivencia Cívica Catalana "no responde a la realidad que se vive en los centros del país y basa su discurso en la búsqueda de un conflicto lingüístico que no existe ni preocupa a las familias"

 

Pero los datos –los disponibles– cantan.  El Informe del Servicio de Enseñanza del Catalán  (SEDEC) que  recoge estadísticas hasta el año 1996 sobre la presencia de los  idiomas catalán y castellano en la escuela, en la que se relaciona  lengua familiar y lengua de enseñanza demuestra la desproporción entre una y otra. Por poner un ejemplo, en el curso escolar 1992-1993, sobre un total de 767.117, el 59 por ciento eran castellano hablantes frente al 41 por ciento que hablaba en catalán.