L D (Europa Press) Antes de participar en un Seminario sobre Inmigración organizado por la Delegación del Gobierno en Madrid, pidió también a los extranjeros que no compren contratos de trabajo porque, al ser el empresario el que sustancia el trámite, la Administración comprobará en todos los casos la validez jurídica de las empresas. "No es el inmigrante el que tiene que ir a las Oficinas de Extranjería -advirtió-. Hago un llamamiento para que no acudan a demandar una información que, primero, no existe. Que esperen a que el Reglamento esté en vigor porque la Administración está trabajando para dar esa información en colaboración con sindicatos y empresarios y ONG. Que tampoco compren ningún contrato de trabajo porque como es el empresario el que se tiene que dirigir la Administración comprobará todos los datos de esa empresa".
En cuanto a la tramitación de estas autorizaciones durante la etapa transitoria, que tendrá carácter preferente, aseguró que se pretende ser "eficaz" en todo el procedimiento. En este sentido, apuntó que empresario e inmigrante tendrán un mes para formalizar el contrato, una vez que la Administración dé el visto bueno a la solicitud presentada por el empresario. "Queremos que en el plazo más breve posible, es decir, en un mes, tenga la contestación. Me estoy refiriendo que si todo se cumple, se ha hecho el contrato, se ha dado de alta en la Seguridad Social, el trabajador pueda recoger en un mes su tarjeta de identificación de extranjeros, con la autorización para trabajar en un año". Al mismo tiempo, negó que se vaya a producir un colapso en la Administración por la tramitación de tantas solicitudes.
Una regularización "individualizada"
"Esta es una oportunidad de normalizar de forma individualizada situaciones de personas que durante todo este tiempo han estado en la irregularidad por una anormalidad no adjudicable a los empresarios sino a un proceso vinculado al anterior Gobierno", afirmó. Además, comentó que esta agilización se extenderá a la tramitación de todos las autorizaciones de trabajo y que ya se está trabajando en una Comisión ad hoc con todos los ministerios implicados para reforzar tantos las Oficinas de Extranjería y las distintas administraciones que van a colaborar para la entrega de documentación. Para ello, el Reglamento prevé también la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que agilice el intercambio de información.
La aprobación, posterior publicación y entrada en vigor del Reglamento (tras una vacatio legis de un mes), depende ahora de la sustanciación de los trámites pendientes. Por un lado, los internos: Consejo Superior de Política de Inmigración, Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y Comisión Interministerial de Extranjería. Por el otro, los órganos consultivos: Consejo Económico y Social, Consejo de Estado y, posiblemente, Consejo General del Poder Judicial.
Memoria económica
Cuando termine el periodo transitorio, Rumí explicó que la Ley se aplicará con contundencia. Para ello, se va a crear una unidad especial de la Inspección de Trabajo que controle la economía sumergida, con una dotación económica que la haga posible y que se concretará en la Memoria Económica que acompañará al Reglamento. Respecto, al arraigo laboral que se implantará tras el periodo transitorio y la posibilidad o no de que el trabajador consigue una autorización de trabajo denunciando a un empresario que le contrató de forma irregular y demostrando una relación laboral previa de un año, la secretaria de Estado recalcó que en el artículo 45 del Reglamento aparece la posibilidad de normalizar la situación de una persona irregular a través del arraigo laboral.
"Las condiciones están muy claras: que pueda demostrar que ha tenido una relación laboral al menos de un año. Para eso tendrá que tener una resolución judicial o un acta de la inspección de trabajo --explicó--. Creo que con eso está claro cuál es el procedimiento para conseguir una autorización cuando pueda demostrar que lleva un año en una relación laboral". A su juicio, las posibilidades están claramente acotadas en un consenso con sindicatos y empresarios. "Esta persona, a partir de que haya pasado el periodo transitorio, si puede demostrar que lleva en España dos años y tiene una relación laboral de un año, a través de una resolución judicial o a través de un acta definitiva, tendrá evidentemente ese permiso de un año de autorización", concluyó.