Cuando pase el periodo transitorio, Caldera anunció que el Gobierno será más severo en la aplicación de la Ley. "Una vez que pase el periodo transitorio seremos bastante severos y los empresarios españoles saben que no se puede contratar a personas sin papeles, que tienen que recurrir a los procedimientos legales", advirtió. No obstante, el texto de Reglamento todavía debe pasar por el trámite de órganos consultivos, periodo en el que el titular de Trabajo tampoco descarta un acuerdo con el PP. "El Gobierno quiere que en materia de inmigración haya un gran acuerdo nacional porque es una política de Estado y ofrezco al PP la negociación de los puntos fundamentales de este reglamento. Es verdad que los aspectos laborales de la negociación deben hacerse con empresarios y sindicatos --añadió--, En el resto de asuntos estamos abiertos a conocer sus sugerencias y estudiarlas".
El proceso de regularización afectará a unos 800.000 ilegales
Aproximadamente 800.000 extranjeros podrían encontrarse trabajando en España en situación irregular, y por tanto beneficiarse del próximo proceso de legalización que tendrá lugar a principios de 2005 con la entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo de la Ley de Extranjería. Así lo estimó este miércoles el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras cerrar el martes con sindicatos y empresarios un acuerdo en torno al texto.
L D (Europa Press) "Es el primer acuerdo de contenido social que alcanza el Gobierno -subrayó-. Es la primera que un proceso de legalización tiene que ver estrictamente con la situación del mercado de trabajo. Se trata de hacer legal lo que es real". Para hacer una aproximación de los posibles beneficiarios, Caldera se refirió al cruce entre los datos del Padrón Municipal a enero de 2004 adelantados por el INE y los permisos de residencia en vigor registrados por el Ministerio del Interior a 31 de diciembre de 2003.
Es la primera vez que un miembro del Gobierno habla del cruce de ambas fuentes estadísticas para fotografiar la bolsa de irregulares en España. "De acuerdo con el INE, hay algo más de tres millones de inmigrantes censados y, sin embargo, la norma de Extranjería sólo tiene censados a 1,7. Por tanto, hay un colectivo de un millón y pico de personas en situación irregular. De ellos, están trabajando varios cientos de miles. Una aproximación rigurosa es la que hizo el presidente del Gobierno hablando de unos 800.000, pero es difícil saber exactamente cuántos".
El titular de Trabajo recordó que el Reglamento podría publicarse en el B.O.E. a principios de año y que, tras un mes de vatio legis, se pondrá en marcha la legalización. Además, anunció que se llevará a cabo una campaña de documentación muy amplia con sindicatos y empresarios para que nadie tenga ningún problema de información. También enumeró los requisitos: los extranjeros tiene que estar en España al menos desde el mes de junio de 2004 y trabajando; el empresario, salvo en el empleo doméstico, deberá presentar la documentación, pero firmada por también el trabajador; y el contrato tiene que tener un compromiso de vigencia de seis meses, con excepción de agricultura, que será de tres meses. Las autorizaciones de trabajo estarán condicionadas al Alta del contrato en la Seguridad Social.
Se podrá denunciar al empresario que contrate irregularmente
Una vez terminado este periodo transitorio, se mantiene la figura del arraigo laboral para los extranjeros que, a pesar de todo, residan de forma irregular en España. En este sentido, apuntó que no desaparece del todo la posibilidad de denunciar al empresario por contratación irregular, sino que se ha ajustado la medida para evitar fraudes. Así, el arraigo laboral exigirá una residencia en España de dos años y la demostración de relación laboral durante un año a través de acta definitiva de la Inspección Laboral o resolución judicial.
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