L D (EFE) Este viernes concluye en el Senado el plazo de presentación de enmiendas a esta norma, la primera remitida a las Cortes por el Gobierno socialista; los populares han presentado prácticamente la mitad del total de las enmiendas registradas, más de 200. La tramitación de este proyecto de ley en el Congreso se saldó con el apoyo de todos los grupos a esta normativa, que pretende ser una herramienta eficaz en la lucha contra la violencia doméstica.
El senador Carlos Gutiérrez explicó que las enmiendas de su Grupo insisten en la línea de las que no fueron avaladas en el Congreso. Así, los populares remarcan que el ámbito de aplicación de la ley es "estricto", solo alude a la violencia contra la mujer, y ellos consideran que debe "ampliarse y ser menos restrictivo", haciendo referencia a la violencia doméstica, ampliándose a la unidad familiar, o los menores, o los ascendientes que convivan en la familia.
Otro bloque de enmiendas, dijo Gutiérrez, se centra en la aplicación del Código Penal; los populares insisten en que no debe producirse una discriminación en favor de la mujer, ya que ello podría ser inconstitucional; "al ampliar la pena, no puede haber discriminación", dijo el senador popular. El PP también es crítico con los juzgados especiales de violencia de género que contempla la ley, y aunque piensa que se pueden crear, considera que unir aspectos civiles y penales puede causar complicaciones.
El senador Carlos Gutiérrez explicó que las enmiendas de su Grupo insisten en la línea de las que no fueron avaladas en el Congreso. Así, los populares remarcan que el ámbito de aplicación de la ley es "estricto", solo alude a la violencia contra la mujer, y ellos consideran que debe "ampliarse y ser menos restrictivo", haciendo referencia a la violencia doméstica, ampliándose a la unidad familiar, o los menores, o los ascendientes que convivan en la familia.
Otro bloque de enmiendas, dijo Gutiérrez, se centra en la aplicación del Código Penal; los populares insisten en que no debe producirse una discriminación en favor de la mujer, ya que ello podría ser inconstitucional; "al ampliar la pena, no puede haber discriminación", dijo el senador popular. El PP también es crítico con los juzgados especiales de violencia de género que contempla la ley, y aunque piensa que se pueden crear, considera que unir aspectos civiles y penales puede causar complicaciones.