L D (EFE) La polémica nace a partir de que este martes la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico-Godoy, dijera en Melilla que en 2005 se impartirán clases de religión islámica "en las ciudades de mayor concentración de población musulmana e la península". En concreto en Madrid, Barcelona, Andalucía y Levante.
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, indicó este miércoles que es una "situación de normalidad dentro de la legalidad vigente" atender a las necesidades que se planteen en los centros educativos de enseñanza de la religión islámica y que será la comisión mixta de Justicia y Educación la que contemplará cuántos profesores son precisos. En este momento, dijo, ya "hay una cifra" de profesores de enseñanza islámica y si las familias y los estudiantes solicitan recibir esta enseñanza "el compromiso" de España es que se les facilite, "siempre que haya un número suficiente de peticiones". La ministra apostilló que la legalidad vigente abarca la enseñanza de religiones confesionales con las que España tiene firmados acuerdos, es decir, la islámica, la evangélica y la judía.
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, explicó que en los Presupuestos Generales del Estado 2005 hay una dotación "para tener un cierto número de profesores de enseñanza islámica", aunque precisó que el ministerio no ha decidido "dónde van a estar" porque se tiene que negociar con las administraciones educativas autonómicas correspondientes. Tiana indicó que, al contrario de lo que han hecho las comunidades islámicas, la comunidad judía no ha pedido que los alumnos tengan clase de esa religión "porque entienden que es algo privativo del ámbito familiar y comunitario", mientras que los representantes de la religión evangélica les han pedido una reunión para tratar el asunto.
En opinión del diputado del PP Joaquín Calomarde, "este es un asunto antiguo", que obedece a los acuerdos suscritos por el Ejecutivo, y dijo que su partido no se opondrá si no se vulnera la Constitución y se hace "con todas las garantías legales pertinentes sin que menoscabe la libertad religiosa de nadie, incluidos los musulmanes".
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, indicó este miércoles que es una "situación de normalidad dentro de la legalidad vigente" atender a las necesidades que se planteen en los centros educativos de enseñanza de la religión islámica y que será la comisión mixta de Justicia y Educación la que contemplará cuántos profesores son precisos. En este momento, dijo, ya "hay una cifra" de profesores de enseñanza islámica y si las familias y los estudiantes solicitan recibir esta enseñanza "el compromiso" de España es que se les facilite, "siempre que haya un número suficiente de peticiones". La ministra apostilló que la legalidad vigente abarca la enseñanza de religiones confesionales con las que España tiene firmados acuerdos, es decir, la islámica, la evangélica y la judía.
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, explicó que en los Presupuestos Generales del Estado 2005 hay una dotación "para tener un cierto número de profesores de enseñanza islámica", aunque precisó que el ministerio no ha decidido "dónde van a estar" porque se tiene que negociar con las administraciones educativas autonómicas correspondientes. Tiana indicó que, al contrario de lo que han hecho las comunidades islámicas, la comunidad judía no ha pedido que los alumnos tengan clase de esa religión "porque entienden que es algo privativo del ámbito familiar y comunitario", mientras que los representantes de la religión evangélica les han pedido una reunión para tratar el asunto.
En opinión del diputado del PP Joaquín Calomarde, "este es un asunto antiguo", que obedece a los acuerdos suscritos por el Ejecutivo, y dijo que su partido no se opondrá si no se vulnera la Constitución y se hace "con todas las garantías legales pertinentes sin que menoscabe la libertad religiosa de nadie, incluidos los musulmanes".
UGT pide que se enseñe religión fuera del horario lectivo
El secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, recordó que para este curso está previsto que se escolaricen más de 500.000 escolares hijos de inmigrantes y que hay centros que tienen más alumnos de religión musulmana que de católica "y no se puede ir haciendo excepciones". Lo más lógico y razonable, agregó, es que para no hacer agravios entre las religiones "se dispongan los centros para los determinados credos fuera del horario lectivo" y que, mientras tanto, se impartan "en igualdad de condiciones con la católica".
En parecidos términos se pronunció Lola Abelló, presidenta de la Confederación Española de Asociación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en la escuela pública, quien dijo que no quieren "ninguna religión en las escuelas" y reclamó una educación laica. Tampoco quiere que se imparta la religión islámica el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, pero porque le parece "preocupante" que se den clases de "una doctrina" que "no reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer y ejerce la poligamia". A su juicio, el Gobierno "apoya a las minorías e insulta a las mayorías" y subrayó que "son los de fuera los que deberían de adaptarse a nuestras costumbres".
Para el presidente de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, la medida le parece "enorme despropósito" porque, dijo es "irracional" que el Ejecutivo "trate de arrinconar a la religión católica y mayoritaria, mientras que facilita la enseñanza de la religión islámica que es minoritaria".