L D (EFE) Los jueces comunitarios desestimaron un recurso presentado por el Gobierno español contra una decisión de la Comisión Europea de 2002, en la que pedía a España que anulara y recuperara parte de esas dotaciones, por considerarlas incompatibles con el mercado común.
España otorgó en 2000 ayudas por valor de 342 millones de euros para los agricultores y pescadores afectados por el encarecimiento de carburantes; incluían créditos blandos para los agricultores por valor de 210 millones de euros. La CE dijo en 2002 que los préstamos, así como las ventajas fiscales por transmisión de explotaciones, eran "controvertidos" e incompatibles, mientras que, por el contrario, consideró legales otras modificaciones en el impuesto sobre la renta y el IVA, y los beneficios en favor de las cooperativas agrarias.
España impugnó la decisión de Bruselas y pidió a los jueces comunitarios que la anularan. En la sentencia de este jueves, el Tribunal rechaza todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno español. España alegó que las bonificaciones al transmitir las fincas no favorecían a los agricultores que compraban tierras, sino a los vendedores, mientras que el Tribunal dijo que esta medida constituye un "alivio" que favorece a determinadas empresas. Por otro lado, el Gobierno español señaló que las medidas polémicas tuvieron un impacto muy inferior a la rebaja de los impuestos sobre los carburantes de los demás Estados miembros y a actuaciones de países como Alemania o Italia.
El Tribunal dice que la CE obró legítimamente al considerar que tales ayudas afectaban a los intercambios entre los países de la UE. Resalta que los argumentos formulados por España no demuestran que la bonificación fiscal constituyeran una ayudas a la inversión en el sentido de las Directrices sobre ayudas agrarias.
España otorgó en 2000 ayudas por valor de 342 millones de euros para los agricultores y pescadores afectados por el encarecimiento de carburantes; incluían créditos blandos para los agricultores por valor de 210 millones de euros. La CE dijo en 2002 que los préstamos, así como las ventajas fiscales por transmisión de explotaciones, eran "controvertidos" e incompatibles, mientras que, por el contrario, consideró legales otras modificaciones en el impuesto sobre la renta y el IVA, y los beneficios en favor de las cooperativas agrarias.
España impugnó la decisión de Bruselas y pidió a los jueces comunitarios que la anularan. En la sentencia de este jueves, el Tribunal rechaza todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno español. España alegó que las bonificaciones al transmitir las fincas no favorecían a los agricultores que compraban tierras, sino a los vendedores, mientras que el Tribunal dijo que esta medida constituye un "alivio" que favorece a determinadas empresas. Por otro lado, el Gobierno español señaló que las medidas polémicas tuvieron un impacto muy inferior a la rebaja de los impuestos sobre los carburantes de los demás Estados miembros y a actuaciones de países como Alemania o Italia.
El Tribunal dice que la CE obró legítimamente al considerar que tales ayudas afectaban a los intercambios entre los países de la UE. Resalta que los argumentos formulados por España no demuestran que la bonificación fiscal constituyeran una ayudas a la inversión en el sentido de las Directrices sobre ayudas agrarias.