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DOCUMENTO: Cuba y Europa. Más lejos, más cerca

En 1996 la Unión Europea adoptó una postura común sobre Cuba. Fue definida por el Consejo en virtud del artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea y estableció como objetivo "favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano”.

Aquel acuerdo unánime de todos los países de la UE, conocido desde entonces como la Posición Común Europea sobre Cuba, es un compromiso activo con cualquier reforma que impulse el avance democrático cubano. Todo ello desde el convencimiento profundo de que “el diálogo político debería continuar para ayudar a que se produzcan resultados tangibles, sobre todo en las esferas políticas, económicas y de derechos civiles". Con este fin, la UE se comprometió a:
 
Intensificar el diálogo. Tanto con las autoridades como con el resto de los sectores de la sociedad cubana, alentando el avance concreto hacia la democracia.
 
Defender los derechos humanos. Buscar ocasiones para recordar a las autoridades cubanas, tanto en público como en privado, sus responsabilidades fundamentales en este campo. En particular, la libertad de expresión y asociación y el cumplimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos.
 
Alentar la reforma de la legislación cubana en lo referente a los derechos políticos y civiles (incluido el código penal cubano), así como la supresión de los delitos políticos, la liberación de todos los presos políticos y el final de las medidas represivas sobre la oposición democrática.
 
Comprobar la evolución de la política interior y exterior cubana según las normas que aplica la UE a sus relaciones con otros países.
 
Proporcionar ayuda humanitaria y reforzar la cooperación económica a través de los Estados miembros en pro de una democratización pacífica.
 
Desde entonces, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se han confirmado semestralmente en su postura, reiterando su llamada a una transición democrática en la Isla, y han defendido el mantenimiento del diálogo con La Habana y de una cooperación que beneficie al pueblo.
 
Por tanto, la UE lleva ya casi una década trabajando unánimemente en esta dirección, aplicando una política dirigida a la adopción de medidas positivas que desemboquen en una transición democrática y pacífica, convencida de la necesidad de evitar la polarización norteamericana del problema cubano.
 
En junio de 2003, como protesta por el encarcelamiento y condena de 75 opositores democráticos cubanos a más de 1400 años de cárcel, la UE adoptó una serie de medidas diplomáticas complementarias a la Postura Común. Estas actuaciones fueron acordadas de nuevo por unanimidad y renovadas en junio del presente año. Entre ellas estaba "limitar las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel" y "reducir la importancia de la participación de los Estados miembros en las manifestaciones culturales”. Por otra parte, se anunció también la decisión de "invitar a disidentes cubanos a las ceremonias organizadas durante las fiestas nacionales" que celebra cada embajada, como un reconocimiento expreso de la oposición democrática.
 
A estas resoluciones Cuba respondió con tres medidas: 1) en un primer momento retiró su candidatura al Acuerdo de Cotonú de cooperación entre los países del grupo África, Caribe y Pacífico (ACP) y la UE –calificado hasta entonces de “esencial para el pueblo de Cuba” por el gobierno de La Habana, 2) renunció a la ayuda al desarrollo que anualmente le concedía la Comisión Europea y 3) comunicó a las embajadas de los miembros de la UE la congelación de los contactos diplomáticos.
 
El gobierno de Fidel Castro es, por tanto, el que ha rechazado las ayudas suministradas por la UE y ha cerrado las puertas al diálogo con la Unión, reafirmando que sus violaciones de los derechos humanos son un método legítimo para defender la Revolución cubana, hecho denunciado por organizaciones independientes como Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras.
 
Pese a todo ello, la UE ha reiterado su voluntad de reanudar las conversaciones para conseguir avances concretos hacia una transición pacífica, confirmando su disposición a dialogar sobre cualquier cuestión y rogando a las autoridades cubanas "que no obstruyan este proceso". La respuesta del gobierno de Fidel Castro ha sido que  “cualquier acercamiento pasa previamente por que los socios comunitarios renuncien a su política de invitar a los mercenarios" de la oposición democrática. Según el gobierno cubano esta es la condición innegociable para iniciar el diálogo: cancelar los encuentros europeos con la oposición democrática cubana y, en concreto, suprimir las invitaciones a las fiestas nacionales en las embajadas.
 
En este contexto, España no puede estar con los que se oponen a la libertad y al diálogo y, lo que es más preocupante, no puede arrastrar a la Unión Europea por un camino tan alejado del nuevo talante del Ejecutivo del presidente Rodríguez Zapatero destruyendo además una unidad de acción en Europa tan trabajosamente lograda. Es necesario advertir de los peligros de esta incipiente decisión del gobierno de España de acercarse a Fidel Castro, que rige Cuba desde hace 45 años en un sistema político de partido único. Hoy no es posible plantear la democratización de Cuba sin contar con aquellos que –al igual que muchos socialistas españoles durante el régimen franquista– llevan años perseguidos y encarcelados por luchar por la libertad y la democracia de su pueblo.
 
Lo que el Gobierno español pretende es modificar la decisión de "invitar a disidentes cubanos a las ceremonias organizadas durante las fiestas nacionales". De este modo, se estaría cediendo a la petición de las autoridades cubanas, se estaría cediendo a su chantaje. La invitación a los disidentes (que, recordemos, no excluye la invitación, como es lógico, a esos actos, también a las autoridades cubanas) es no sólo una vía de diálogo con ellos, sino, sobre todo, darles una legitimación internacional imprescindible para la oposición democrática cubana, no sólo por razones políticas, sino éticas y humanitarias. Los verdaderos interlocutores de los demócratas deben ser otros demócratas. No se puede escoger la vía del diálogo público con las autoridades cubanas, mientras que se mantiene un diálogo "clandestino" con nuestros "hermanos" demócratas de la Isla. Esta política era la desarrollada en Cuba desde hace decenios, y nunca tuvo eficacia. Dejar de invitar a los disidentes, en definitiva, es un paso atrás para la democracia y un paso adelante en las aspiraciones chantajistas de la dictadura cubana.
 
Tratar de imponer un sistema propio, una solución mágica a la española del asunto cubano es tratar de reinventar la rueda. Aquellos que lo intentaron –como el expresidente socialista Felipe González– asumen hoy su fracaso al reconocerse víctimas de la propaganda del régimen fidelista. Lo advertía recientemente el disidente Elizardo Sánchez, “el gobierno español, en la búsqueda de acercamientos con el gobierno de Cuba, corre el riesgo de alejarse del pueblo cubano".
 
Hoy más que nunca debemos seguir escuchando a la sociedad civil cubana. Los líderes que representan a la mayoría de la oposición cubana (representantes de los partidos en la clandestinidad, expresos políticos, periodistas independientes o sindicalistas) coinciden al calificar la Posición Común Europea como “un logro moral de la UE” y “un apoyo al pueblo de Cuba en sus aspiraciones de lograr el respeto de los Derechos Humanos y la apertura democrática pacífica. Esa posición –se agrega– no agrede ni aísla a Cuba, sino que, por el contrario, abre las puertas a una relación de cooperación y amistad que no puede realizarse debido a la violación de los Derechos Humanos y la exclusión que sufren los cubanos en su propio país”.
 
Para dialogar es necesario hablar una misma lengua, la de la democracia; tener unas bases mínimas, las del respeto a los derechos humanos. Es lo que las sociedades abiertas, como la europea, le piden a sus gobernantes y en lo que coinciden la Unión Europea o la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por tanto, es necesario que en España exista un consenso básico entre los diversos partidos, al igual que existe un acuerdo europeo sobre el tema. Nos lo recuerda Oswaldo Payá: “si los europeos quieren ser consecuentes con los valores que proclaman en su propio continente, la Posición Común deberá reafirmarse”.
 
Estamos convencidos de que erosionar el consenso europeo respecto a Cuba retrasará innecesariamente las reformas democráticas en la Isla, que -no nos cabe duda- cada día están más cerca.
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CUBA EN TRANSICIÓN
COMITÉ CUBA PRO DERECHOS HUMANOS
COMITÉ DE APOYO AL PROYECTO VARELA
PLATAFORMA CUBA DEMOCRACIA YA
PUENTE FAMILIAR CON CUBA
UNIÓN LIBERAL CUBANA
 
Madrid, 25 de octubre de 2004

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