L D (EFE) El Auto, al que ha tenido acceso Efe, indica que no existen perjuicios para los intereses públicos porque "no estamos ante un expediente sancionador o una medida cautelar" previa a su incoación, ya que, "como se reconoce en la resolución no existe infracción hasta que se perciban las contraprestaciones previstas en la póliza". Recoge también que por ahora, "por la mera existencia de un contrato de seguro suscrito por la entidad en cumplimiento de sus propios acuerdos no se ven afectados o comprometidos los intereses generales, ni siquiera la finalidad social de la entidad financiera".
El TSJA confirmó el pasado 18 de febrero la suspensión de parte de la resolución de la Junta de Andalucía que declaraba ilegal la póliza de 2,9 millones de euros suscrita por CajaSur en favor de su presidente, y que se refería a los plazos para presentar alegaciones por parte de la entidad cordobesa, decisión ante la cual la Administración autonómica interpuso recursos de súplica que ahora ha sido desestimado. Fuentes de CajaSur dijeron hoy a Efe que, con esta decisión, la resolución de la Junta de Andalucía se encuentra en suspenso hasta que acabe todo el proceso contencioso-administrativo.
Las mismas fuentes indicaron que esta Auto es más claro y expresivo que el del pasado 18 de febrero, ya que recoge también que "no existe apariencia de buen derecho en la actuación de la Administración, por la normativa que le sirve de sustento está suspendida en su vigencia por el Auto del Tribunal Constitucional que fue tenido en cuenta en la propia resolución de la Administración ahora impugnada".
El TSJA confirmó el pasado 18 de febrero la suspensión de parte de la resolución de la Junta de Andalucía que declaraba ilegal la póliza de 2,9 millones de euros suscrita por CajaSur en favor de su presidente, y que se refería a los plazos para presentar alegaciones por parte de la entidad cordobesa, decisión ante la cual la Administración autonómica interpuso recursos de súplica que ahora ha sido desestimado. Fuentes de CajaSur dijeron hoy a Efe que, con esta decisión, la resolución de la Junta de Andalucía se encuentra en suspenso hasta que acabe todo el proceso contencioso-administrativo.
Las mismas fuentes indicaron que esta Auto es más claro y expresivo que el del pasado 18 de febrero, ya que recoge también que "no existe apariencia de buen derecho en la actuación de la Administración, por la normativa que le sirve de sustento está suspendida en su vigencia por el Auto del Tribunal Constitucional que fue tenido en cuenta en la propia resolución de la Administración ahora impugnada".