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El Supremo archiva la revisión del "caso urbanor" solicitada por "los Albertos"

Los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer han desistido ante el Tribunal Supremo del recurso extraordinario de revisión que habían presentado en el "caso Urbanor", una vez que la Audiencia de Madrid acordara hace dos semanas archivar las nuevas investigaciones abiertas. Mediante un auto conocido este viernes, el Tribunal Supremo acepta la petición de Cortina y Alcocer para desistir del recurso y decreta el archivo de estas actuaciones.

LD (EFE) Fuentes próximas a los financieros indicaron que este desistimiento se debe a que Alcocer y Cortina preparan un recurso de casación ante la Audiencia de Madrid y un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que se sigan investigando las nuevas pruebas aportadas.

La Audiencia Provincial de Madrid archivó a mediados de octubre pasado las actuaciones contra Pedro Sentieri y Julio San Martín –dos de los socios estafados en el "caso Urbanor"–, al considerar que la carta que los incriminaba en un supuesto delito de falso testimonio contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer no es concluyente y plantea múltiples dudas. El auto de la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial concluía que "la causa no necesita permanecer abierta por más tiempo".
 
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 por un delito de falsedad documental y estafa, al negociar la venta de Urbanor y obtener por su participación un precio que duplicaba el recibido por los socios minoritarios (entre ellos San Martín y Sentieri). Cortina y Alcocer actualmente están en libertad a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentaron, referente a la vulneración de sus derechos constitucionales en el proceso por el que fueron condenados.

Los "Albertos" –que tuvieron que abandonar la presidencia del Banco Zaragozano tras su condena– no han llegado a entrar en prisión en ningún momento, aunque sí han tenido que afrontar las consecuencias económicas de la condena, por valor de unos 48 millones de euros. El caso Urbanor data de 1987, cuando la sociedad del mismo nombre vendió los terrenos donde posteriormente se construyeron las Torres KIO en Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó el caso en primera instancia, exculpó en enero de 2001 a los financieros al considerar que los delitos que se les imputaban habían prescrito y pese a considerar probados los mismos.

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