L D (EFE) La fiscalía pedía ocho años de prisión para el acusado, en un caso por el que en noviembre de 2003 fueron condenados el juez Renato Squillante (ocho años) y el abogado personal de Berlusconi, el ex ministro Cesare Previti (cinco años).
El Tribunal de la Primera Sección Penal de Milán señala en su sentencia que ha prescrito el delito de que se acusaba al primer ministro italiano: la entrega al juez Squilante de 434.030 dólares, en marzo de 1991, como presunto pago para "ajustar" un dictamen favorable.
Los magistrados Francesco Castellano, Stefania Abbate y Fabiana Mastrominico declaran paralelamente la absolución, con diversas fórmulas, para las acusaciones en relación al litigio para impedir la venta de SME al empresario Carlo De Benedetti.
La fiscal Ilda Boccassini aseguró en sus conclusiones que existían pruebas que demuestran que Berlusconi pagó a través de su empresa Fininvest a dos magistrados para que le favorecieran "en distintos intereses".
Según la acusación, el magnate de la televisión entregó al juez Renato Squillante 434.404 dólares, depositados en cuentas extranjeras, a través de su abogado personal y más tarde ministro de Defensa, Cesare Previti.
Las condenas en primera instancia de Squillante y Previti se produjeron unos meses después de que el Tribunal de Milán decidiera juzgar por separado a Berlusconi, debido a sus numerosas ausencias por sus obligaciones políticas e institucionales.
Posteriormente, el Parlamento aprobó una polémica ley de inmunidad que dejaba en suspenso todos los procesos contra el primer ministro, pero seis meses después, en enero de este año, el Tribunal Constitucional la declaró ilegal y se pudo reanudar el juicio.
Los abogados de Berlusconi, Niccolo Ghedini y Gaetano Pecorella, que son al tiempo diputados de Forza Italia, reclamaron su absolución con el argumento añadido de que la causa tenía una raíz exclusivamente política.
En ese mismo argumento insistió una y otra vez el propio Berlusconi, que se presentó como víctima propiciatoria en un asunto en el que dijo que intervino sólo por razones de Estado, a petición del entonces primer ministro, su amigo Bettino Craxi, y que lo que merecía en realidad era una medalla.
El proceso SME se comenzó a instruir tras las acusaciones hechas en 1996 por Stefania Ariosto, ex compañera sentimental de Vittorio Dotti, abogado de Berlusconi y en ese momento jefe de los diputados de Forza Italia, que reveló una trama para comprar jueces.
Desde su llegada a la política, hace diez años, Berlusconi se ha visto involucrado en varios procesos por corrupción, por los que llegó a acumular condenas de hasta 6 años y 7 meses de prisión, de las que fue absuelto en apelación, casi siempre por prescripción del delito.
El Tribunal de la Primera Sección Penal de Milán señala en su sentencia que ha prescrito el delito de que se acusaba al primer ministro italiano: la entrega al juez Squilante de 434.030 dólares, en marzo de 1991, como presunto pago para "ajustar" un dictamen favorable.
Los magistrados Francesco Castellano, Stefania Abbate y Fabiana Mastrominico declaran paralelamente la absolución, con diversas fórmulas, para las acusaciones en relación al litigio para impedir la venta de SME al empresario Carlo De Benedetti.
La fiscal Ilda Boccassini aseguró en sus conclusiones que existían pruebas que demuestran que Berlusconi pagó a través de su empresa Fininvest a dos magistrados para que le favorecieran "en distintos intereses".
Según la acusación, el magnate de la televisión entregó al juez Renato Squillante 434.404 dólares, depositados en cuentas extranjeras, a través de su abogado personal y más tarde ministro de Defensa, Cesare Previti.
Las condenas en primera instancia de Squillante y Previti se produjeron unos meses después de que el Tribunal de Milán decidiera juzgar por separado a Berlusconi, debido a sus numerosas ausencias por sus obligaciones políticas e institucionales.
Posteriormente, el Parlamento aprobó una polémica ley de inmunidad que dejaba en suspenso todos los procesos contra el primer ministro, pero seis meses después, en enero de este año, el Tribunal Constitucional la declaró ilegal y se pudo reanudar el juicio.
Los abogados de Berlusconi, Niccolo Ghedini y Gaetano Pecorella, que son al tiempo diputados de Forza Italia, reclamaron su absolución con el argumento añadido de que la causa tenía una raíz exclusivamente política.
En ese mismo argumento insistió una y otra vez el propio Berlusconi, que se presentó como víctima propiciatoria en un asunto en el que dijo que intervino sólo por razones de Estado, a petición del entonces primer ministro, su amigo Bettino Craxi, y que lo que merecía en realidad era una medalla.
El proceso SME se comenzó a instruir tras las acusaciones hechas en 1996 por Stefania Ariosto, ex compañera sentimental de Vittorio Dotti, abogado de Berlusconi y en ese momento jefe de los diputados de Forza Italia, que reveló una trama para comprar jueces.
Desde su llegada a la política, hace diez años, Berlusconi se ha visto involucrado en varios procesos por corrupción, por los que llegó a acumular condenas de hasta 6 años y 7 meses de prisión, de las que fue absuelto en apelación, casi siempre por prescripción del delito.