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España correrá con todos los gastos que generen las lenguas cooficiales en la UE

El Gobierno central será el encargado de sufragar todos los gastos que se deriven de la inclusión de las lenguas cooficiales –catalán, euskera y gallego- en la Unión Europea. España contratará “Expertos Nacionales Destacados” para la traducción de comunicaciones, que también harán de "juristas-lingüistas" para los textos legales, se hará cargo de los gastos de edición de los textos en las cuatro lenguas –habrá una “traducción de cortesía” en castellano- y proporcionará intérpretes para las intervenciones orales. Fuentes de Exteriores dijeron a Libertad Digital que aún no se ha realizado ningún cálculo sobre estos costes.

L D (Europa Press) En caso de discrepancia sobre la interpretación de estos textos, prevalecerán las de rango de oficialidad en la UE sobre las minoritarias. Así se desprende de la propuesta de memorándum que el Gobierno español entregará el próximo 13 de diciembre al resto de socios de la UE, y que este miércoles fue debatido en Madrid entre técnicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y miembros de la Generalidad valenciana. En él se destaca la petición de que eurodiputados y presidentes autonómicos puedan expresarse en lenguas cooficiales en los plenos del parlamento europeo y del Comité de Regiones, aunque no pide la plena cooficialidad de estas lenguas.
 
Respecto a las comunicaciones de textos entre, por un lado las instituciones y otros organismos de la UE y, por otro, las personas sujetas a la jurisdicción española,, el Gobierno se compromete a proporcionar a las instituciones y organismos de la Unión que lo precisen, traductores en calidad de "Expertos Nacionales Destacados", asumiendo el Ejecutivo español todos los costes presupuestarios, así como a facilitar las traducciones de textos y acompañar las comunicaciones de una "traducción de cortesía" en castellano. En cuanto a la interpretación de las intervenciones orales en los plenos del Parlamento europeo, del Comité de las Regiones y "ocasionalmente" en las sesiones ministeriales del Consejo, el Gobierno español se compromete a comunicar con la "debida antelación" la intención de hacer uso de alguna de las tres lenguas a que se refiere la propuesta. También en este caso, garantiza proporcionar intérpretes sobre una "base 'ad hoc'" a las instituciones y organismos concernidos que los precisen, asumiendo el Gobierno español los costes correspondientes.
 
Expertos nacionales destacados harán el trabajo de juristas-lingüistas
 
Por lo que se refiere a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de los textos legales adoptados en codecisión, España está dispuesta a facilitar a los servicios de las Secretarías Generales del Consejo y del Parlamento europeo las traducciones necesarias de los textos finales (LEX) de las disposiciones legales en cuestión. De hecho, sobre estos textos, la propuesta establece que en caso de discrepancias sobre la interpretación de un texto legal publicado en una de las lenguas a que se refiere el documento y el texto de la misma norma publicado en una de las veinte lenguas oficiales de la UE, prevalecerá éste último.
 
Asimismo, se compromete a proporcionar a ambas Secretarías, en caso necesario, a los mismos 'Expertos Nacionales Destacados' para que realicen el trabajo de "juristas-lingüistas" sobre estas publicaciones. Finalmente, propone que las autoridades españolas y los representantes de los órganos consultivos de la UE, lleguen a un "acuerdo general o acuerdos separados" sobre las cuestiones presupuestarias y prácticas que se deriven de la aplicación de este memorándum.

El texto entregado a las CC.AA. implicadas en esta propuesta incorpora un borrador de carácter político en el cual el Gobierno español subraya su "rica diversidad lingüística y cultural" que encuentra su "reflejo jurídico" en la Constitución española y en los Estatutos de Autonomía. Argumenta que son "lenguas vivas, ampliamente utilizadas por una cuarta parte de los españoles", y que constituyen "la lengua vehicular de enseñanza en los colegios y las universidades de buena parte del territorio nacional". De igual forma, pide el reconocimiento de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España, lenguas que, recuerda, han encontrado ya "un primer reconocimiento con las tres versiones lingüísticas" del Tratado constitucional entregadas el 4 de noviembre: el euskera, el gallego y el catalán, "aunque en la Comunidad Valenciana se llama valenciano".

Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por Libertad Digital dijeron que todavía no se ha realizado ningún calculo ni aproximación de cuánto costará a los españoles esta iniciativa -sin ningún valor jurídico en la UE, por otra parte- porque "estamos en otro momento de la negociación".

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