(Libertad Digital) En el pacto de gobierno firmado por PSC, ERC e ICV, figura como compromiso, en la página 59, que “el Gobierno (catalán) empleará todas las vías posibles para conseguir el retorno de la documentación de la Generalidad, instituciones locales, asociaciones y particulares depositada como expolio de guerra en el Archivo de Salamanca”.
Ahora, el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el contencioso en torno al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca considera "justas y legítimas" las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalidad de Cataluña actualmente identificados como tales en ese archivo. Esa es una de las conclusiones que figuran en el informe técnico-jurídico aprobado por el Comité y leído por su portavoz, Federico Mayor Zaragoza. Aunque el dictamen no es vinculante, Cultura ya ha advertido que será una “pieza fundamental en su decisión”.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura se encontrará con una dificultad para complacer a los nacionalista catalanes: El Parlamento de Castilla y León aprobó este miércoles la reforma legislativa necesaria para integrar en su Sistema de Archivos el de la Guerra Civil. La reforma, en el primer caso, consiste en la inclusión del depósito documental de la Guerra Civil, con sede en Salamanca y de titularidad estatal, y en general de todos los históricos de titularidad estatal pero de interés para la Comunidad, dentro del Sistema de Archivos de Castilla y León, y en el segundo se trata de dotarle de la consideración de Bien de Interés Cultural.
Cultura ya ha anunciado que planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y es que la ministra Carmen Calvo parece decidida a contentar a toda costa a Maragall y a su socio Carod Rovira. El Grupo Popular del Parlamento de Castilla y León ha encargado a Javier Gómez de Liaño que defienda a esta Cámara en este conflicto de competencias que, una vez conocido el dictamen del comité de expertos, será crucial para salvaguardar la unidad del archivo.
Calvo defendió en Andalucía lo que ahora discute
Gómez de Liaño contará con expertos en Derecho civil y Administrativo, y además cuenta a su favor la jurisprudencia en este tipo de conflictos. Según cuenta este jueves el diario El Mundo, en 1988 el Tribunal constitucional falla a favor de la Junta de la Andalucía frente al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Nación a la Ley de archivos de esa comunidad, de 1984. En el recurso el abogado del Estado denunciaba que la Junta de Andalucía incluía “en el patrimonio documental andaluz archivos de titularidad estatal”. La sentencia, en un caso calcado al conflicto que enfrenta ahora a Cultura con la Junta de Castilla y León concluía: “Ha de entenderse comprendida la competencia autonómica para definir el patrimonio cultural de Andalucía, en cuanto parte integrante de su patrimonio histórico, así como para determinar los documentos radicados en su territorio que constituyen ese patrimonio”.
Es más, en declaraciones a El Mundo la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Silvia Clemente, revela que la propia Carmen Calvo cuando era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía promovió una reforma legislativa muy similar a la aprobada ahora por la Cámara castellanoleonesa. En virtud de la cual cualquier traslado de patrimonio documental de Andalucía, entendiendo por ello todo el que se encuentra en territorio andaluz, ya sea propiedad de particulares o de instituciones, requerirá autorización previa de la Consejería de Cultura.
Una "crónica anunciada"
El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, dijo a Libertad Digital que el dictamen de los expertos sobre el Archivo era una “crónica anunciada”. “Ahora empezamos la batalla seria, la jurídica y política con una batería de medidas para que los papeles no salgan de Salamanca”, dijo Lanzarote. Lanzarote, que votó en contra de la lista que constituyó el comité de expertos presentada por Cultura, explicó que su actitud se debió a que no entendía “por qué no valía el dictamen de expertos del año 2002 en el que se recomendaba no desmembrar” el archivo. “Es como repetir la final de un partido de fútbol hasta que gane el equipo que uno quiera”.
El acalde no supo explicar por qué los tres miembros que se han abstenido no han votado en contra. “Eso habría que preguntárselo a ellos”, señaló y añadió que el cambio de actitud en torno a este asunto es muy común incluso entre los miembros del Patronato del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, y citó como ejemplo a Gregorio Peces Barba, -nombrado recientemente Alto Comisionado para la Víctimas del Terrorismo-, que antes defendía la unidad del archivo y ahora “lo contrario”.