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El Gobierno dejó "muy claro" a los expertos que haría lo que dijeran con el Archivo de Salamanca

Aunque el Gobierno dijo que la comisión de "expertos" formada para opinar sobre si los documentos del Archivo de Salamanca debería regresar a Cataluña era un órgano consultivo no vinculante, el ex presidente del Parlamento catalán y miembro de la comisión Joan Rigol ha admitido que el Gobierno les "hizo llegar muy claro, y la Generalidad también, que lo que dictamináramos nosotros moralmente se verían absolutamente obligados a cumplirlo". El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, denuncia que sólo uno de los "expertos" de Carmen Calvo se ha pasado por la ciudad.

L D (EFE) El ex presidente del Parlamento de Cataluña y miembro de la Comisión de Expertos del Archivo de Salamanca, Joan Rigol, ha resaltado este viernes que han trabajado con "absoluta independencia" de cualquier partido político y ha pedido que ninguna formación se apropie de este tema. En declaraciones a la emisora Ona Catalana remitidas a Efe a través de un comunicado, Rigol ha asegurado que "el Gobierno nos hizo llegar muy claro, y la Generalitat también, que lo que dictamináramos nosotros -los expertos- moralmente se verían absolutamente obligados a cumplirlo".

"Por tanto -ha añadido-, nosotros hemos realizado el dictamen sabiendo y teniendo la responsabilidad de que aquello que dijéramos era aquello que se había de ejecutar. Ahora, lo que ha de hacer el ministerio de Cultura es devolver al Congreso de los Diputados la propuesta antes de que acabe el año". Cuando lleguen los papeles de Salamanca a Cataluña "a mí me gustaría -ha pedido Joan Rigol- que se considerasen como una cosa del conjunto de la ciudadanía y no de los políticos, y del conjunto de formaciones y no de algunas en concreto".
 
El historiador Borja de Riquer, miembro de la comisión de expertos del Archivo de Salamanca, ha calificado de "brindis al sol" la pretensión del alcalde Julián Lanzarote de que estos documentos no salgan de su actual ubicación.  Lanzarote, por su parte, ha señalado que éste “no es el final de nada. Para Salamanca es el principio de una batalla jurídica sin precedentes”, dijo Lanzarote que respondió a las declaraciones de Borja de Riquer que “sea más comedido en sus apreciaciones porque España sigue siendo un Estado de Derecho”.
 
El acuerdo de 2002
 
El 22 de julio de 2002, el Patronato del Archivo de la Guerra Civil Española acordó por unanimidad desestimar la reclamación de traslado de parte de sus documentos a Cataluña tras analizar los dos informes elaborados por los historiadores designados por la Generalidad –Borja de Riquer, que también ha formado parte del comité de expertos de Carmen Calvo, y Joan B. Cullá- y los del Ministerio –Antono Morales Moya, que también ha formado parte del nuevo comité de expertos, y Carlos Dardé. El Patronato decidió que prevaleciera el principio de unidad del archivo sobre el principio de origen. El Patronato estimaba asi zanjada la cuestión de una posible salida de documentos del archivo. El acuerdo era consecuencia de un proceso iniciado en mayo de 1996 por otro acuerdo del Congreso de los Diputados.
 
Un contencioso de más de 20 años resuelto en mes y medio
 
El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, señaló este viernes que sólo uno de los miembros del comité de expertos de Calvo se ha pasado por la ciudad para examinar el archivo y se preguntó qué investigación han realizado si el comité se formó el 3 de noviembre y sólo han celebrado dos reuniones, una para constituirse y otra para dictaminar, mientras que el otro comité de expertos tardó cuatro años en emitir un informe.
 
Lanzarote también recordó que el acuerdo de 2002 se logró por unanimidad de todos los miembros del patronato. “Ahora sólo dos o tres mantenemos la misma posición que entonces”, nombrando en especial al flamante Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba, que siempre se mostró a favor de la unidad del archivo y ahora aboga por su dispersión.
 


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