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La Audiencia Nacional solicita 654 años de prisión para 42 miembros de Jarrai y Segi

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina solicita un total de 654 años de cárcel para 42 miembros de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika y Segi, ilegalizadas como parte del entramado de ETA, por delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista y daños terroristas. El fiscal también indica que los daños causados por los actos de terrorismo callejero de Jarrai-Haika responderá el patrimonio de Batasuna ya que la actividad de esta organización se produce "en el seno" de ETA.

L D (EFE) Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, hecho público este martes y que consta de 85 folios, las penas oscilan entre los 10 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y los 112 años que el representante del Ministerio Público pide para el miembro de Haika Asier Tapia por delitos de integración, daños terroristas y delitos de incendios.
 
Asimismo, el fiscal indica que de los daños causados por los actos de violencia callejera realizados por Jarrai-Haika y su sucesora Segi "responderá solidariamente el patrimonio de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna-Sozialista Abertzaleak incluyendo el que tiene camuflado bajo la formal apariencia de las 'Herriko Tabernas' o Asociaciones Culturales'". Para el fiscal estas organizaciones deben responder patrimonialmente, porque "la actividad desarrollada se produce en el seno del funcionamiento de la organización terrorista ETA y la relación de complementariedad e interdependencia entre sus estructuras está plenamente acreditada"

"Inagotable cantera" de terroristas
 
En el escrito se afirma que los 42 procesados "son miembros de Jarrai-Haika-Segi, organización dependiente del frente militar de ETA, con la que mantiene identidad de objetivos, sumisión jerárquica y unidad financiera". En concreto, y respecto a Jarrai, el fiscal indica que esta organización desde su "nacimiento se constituyó en un instrumento de ETA, lo que se concretó en su dependencia política, organizativa, financiera y en su caracterización como cantera de militantes para el 'frente armado' de la organización terrorista". Señala que el objetivo de esta organización era la movilización de los jóvenes "hacia los objetivos y estrategias de ETA", convirtiéndose en "una inagotable cantera de militantes para el 'frente armado' de ETA que reciben su 'bautismo de fuego' a través de la 'kale borroka' o violencia callejera".
 
Respecto a Haika, el escrito explica que es resultante de la fusión de Jarrai y Gazteriak (creada en 1994 en Francia) llevada a cabo en 1995, y que "asumió la función de dirección ejecutiva que antes ejecuta Jarrai de 'introducir' a jóvenes en las actividades" de 'kale borroka', "al servicio de los propósitos de ETA militar".

Segi, según el fiscal, se constituyó después de que el 10 de mayo de 2001 el juez Baltasar Garzón decretara la suspensión de las actividades de Jarrai-Haika por ser "una estructura coordinada por ETA, a través de EKIN para la consecución de los objetivos de la organización terrorista". A partir de dicho momento "surgió el propósito de parte de los militantes de Jarrai-Haika que no habían sido imputados" por Garzón "de reconstruir la organización criminal en su faceta 'juvenil', manteniendo su estructura organizativa".

Así la "relación de Segi con los actos de violencia callejera fue prosecución de las actividades de Jarrai", añade el fiscal, quien dice que esta última organización juvenil participó "activamente en al menos la ideación, organización impulso y ejecución" de diversos actos de violencia callejera cometidos entre 2001 y 2002 que causaron daños por valor de un total de 18.227.326 euros. También se refiere en su escrito a la dependencia económica de estas organizaciones juveniles respecto de ETA.

De los 42 procesados, el fiscal solicita la mayor pena de cárcel para Asier Tapia, 112 años por integración en organización terrorista, diecisiete delitos de daños terroristas y tres delitos de incendio de domicilios de particulares. Respecto de este procesado, el fiscal indica que responderá por los daños causados "como consecuencia del llamamiento a los actos terroristas que realizó el 6 de marzo de 2001", tras la detención de quince dirigentes de Haika. Fuentes jurídicas informaron de que de los 42 procesados 10 se encuentran huidos y que el juicio podría celebrarse a finales de enero y principios de febrero.

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