L D (Europa Press) Uno de los coordinadores del estudio, el sociólogo Joaquín Arango, explicó durante el acto de presentación que de forma sosegada es necesario revisar el principio sobre el que se basa la política español en materia de extranjería, es decir, la exclusividad de la contratación en origen como vía de entrada legal de los inmigrantes en España. Este principio, sobre el que se basa tanto el Contingente de Trabajadores no Comunitarios (contratación masiva) como el Régimen General, no parece dar satisfacción ni a la necesidad empresarial de mano de obra extranjera ni a la demanda laboral de los inmigrantes.
"Según datos de 2003, el Estado fijó una previsión del Contingente de 10.575 puestos de trabajo estables y 20.000 de temporada. Aunque los últimos se cubrieron normalmente, los estables sólo alcanzaron finalmente las 3.490 contrataciones. En definitiva, por la vía del Contingente llegaron a España menos de 25.000 inmigrantes", apuntó. Sin embargo, añadió que ese mismo año se expidieron en realidad 130.000 nuevos permisos de trabajo. En total, la población de residentes extranjeros no comunitarios creció en 250.000 y los empadronados en 600.000. Una pequeña parte de estas diferencias, como señaló, se explica por la llegada de extranjeros por reagrupación familiar o por asilo, aunque la mayoría son contrataciones por Régimen General, que suponen que el inmigrante se encontraba ya en España en la clandestinidad. Al mismo tiempo, el informe precisa que la responsabilidad única del Estado en la contratación de estos inmigrantes, que en muchas ocasiones no tienen en cuenta las necesidades del empresario y el trabajador, contribuye a dificultar la gestión de los flujos.
La solución propuesta es la expedición, ya prevista en el próximo Contingente, de visados de búsqueda de empleo que permitan a los inmigrantes venir a buscar trabajo, eso sí, sin restringirlo a un sector concreto de la economía o el mercado de trabajo, como prevé la legislación. Ello requeriría un seguimiento eficaz de estos trabajadores que los expertos proponen sea competencia del INEM. Este organismo debería ubicar a los titulares de estos visados en una categoría especial de desempleados hasta que no encontraran un trabajo. Al mismo tiempo, el Estado debería articular una efectiva política de retorno de aquellos que cumplido el plazo no encontraran empleo.
En relación a la elevada tasa de inmigrantes irregulares que tiene España, Arango señaló que la fórmula más eficaz para reducirla es trasladar la responsabilidad de esta contratación irregular a las empresas, a fin de que estas prácticas supongan un riesgo real para los empresarios. Junto a ello, plantean como otra vía el arraigo laboral (la denuncia del trabajador al empresario), aunque la definen como "opción problemática". En cualquier caso, Rickard Sandell, el otro coordinador del estudio, se mostró contrario a la existencia en la normativa de figuras como el arraigo porque "invitan a los extranjeros a llegar a España de forma ilegal y esperar hasta que sus circunstancias les permitan obtener papeles".