L D (Europa Press) El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral ha pedido al juez Baltasar Garzón que dicte auto de procesamiento por integración en la organización terrorista ETA contra 35 dirigentes de Batasuna, y que cite a declarar como imputada a la apoderada de Banaka, encargada de la gestión de las denominadas herriko tabernas, Maite Amézaga Arregui.
Entre los 35 imputados a los que el fiscal pide también procesar -uno de ellos detenido en Francia, Joseba Imanol Cortazar- figuran los coordinadores de la Comisión Nacional de Herrikos Rufino Etxebarria, miembro de la Mesa Nacional de HB y condenado por colaboración con banda armada; Rubén Andrés Granados, ex tesorero de HB, y Jon Gorrotxategi, tesorero nacional de Batasuna. No se incluye a los aforados, por falta de competencia de la Audiencia Nacional para actuar contra ellos.
También solicita al magistrado que mantenga el embargo de los bienes procedentes de la red de herriko tabernas, a las que considera instrumento del delito de integración que se imputa a los responsables del partido ilegalizado.
El escrito del fiscal hecho público este lunes explica que la organización terrorista ETA-KAS-Ekin decidió en 1992 "configurar una plataforma económico-financiera coordinada y que aglutine todas las estructuras y organizaciones integradas en el MLNV" (Movimiento de Liberación Nacional Vasco).
Tras recordar que el denominado Proyecto Udaletxe tenía como objetivo que todas las estructuras integradas en el complejo terrorista contasen con sus propios medios de financiación, el fiscal afirma que Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna tiene "un papel preponderante" en él, "esencialmente" en el ámbito económico financiero "a través de la Comisión Nacional de Herrikos".
Esta comisión, según el representante del Ministerio Público, "desarrolla, controla y ordena la ejecución de las actividades de la misma para obtener fondos para la propia formación política, lo que cumple fielmente la labor política marcada y subordinada a ETA-KAS-Ekin, para otras organizaciones y también para la propia vanguardia armada de ETA, a través del denominado 'impuesto revolucionario'".
El fiscal recuerda que "a través de la estructura financiera de las herriko tabernas, que dependen directa y exclusivamente de Batasuna a través de la Comisión Nacional de Herrikos y de la Tesorería, las instrumentales Banaka, Eneko y Erosgune, dentro del desarrollo del Proyecto Udaletxe, diseñado por ETA-KAS y vigente en la actualidad, Batasuna forma parte orgánica de la estructura de ETA-KAS-Ekin".
Empresas implicadas
Un apartado especial está dedicado a "las empresas de la organización criminal". El escrito del fiscal considera grandes empresas del entramado a Herri Batasuna, Gestoras pro Amnistía y la coordinadora de euskaldunización AEK. Como "negocios rentables", el representante del Monisterio Público cita a la agencia de viajes Ganeko: la empresa dedicada al alquiler de infraestructuras festivas, Aulki; la compañía gestora-financiera de las entidades del MLNV. Llamada Banaka; y a Azki, dedicada a seguros. Los beneficios se distribuían, en un principio, en un 50 por ciento para Herri Batasuna, Gestoras y el 20 por ciento restante, para KAS, que fue sustituida por Ekin a raíz de la presión judicial.
El fiscal del Moral acusa a ETA-KAS de "controlar económicamente la red de herriko tabernas por medio de su sociedad instrumental de gestión Banaka y de los responsables y coordinadores de KAS colocados al frente de la sociedad: José Luis Franco Suárez, Maite Amézaga y Joseba Mikel Garamendía". A pesar de solicitar el procesamiento de 35 responsables de Batasuna, el fiscal pide que, previamente, se cite a declarar como imputada a Maite Amenaga, quien en 1992 realizó el estudio piloto que culminó en un informe de previsiones para incorporar a todas las herrikos en la gestoría Banaka y para decidir cómo habían de organizarse.
Se concluyó que como asociaciones culturales o "Kultur Elkartea", bajo el control de HB, a través de la Comisión Nacional de Herriko. Se eligió este sistema porque permite que estén poco controladas por la Administración, tienen un menor coste de mantenimiento y ventajas fiscales, su patrimonio les pertenece y se les permite una mayor manejabilidad y flexibilidad. Las herrikos desarrollan tres actividades distintas: la política, la cultural y la de bar, aunque la principal es la primera.
Según el fiscal Moral, después del año 2000, las herrikos cambian el estatus de sus empleados, que pasan de ser empleados de hostelería a encargados de servicios culturales, y comienzan a dar los primeros pasos para defraudar a Hacienda en el pago de las cuotas correspondientes al IRPF, al Impuesto de Sociedades y en el IVA.