L D (Agencias) La comisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes, ha estimado que el plan diseñado por el grupo público es compatible con las normas comunitarias. Así, Kroes da el visto bueno de la Comisión Europea, "a la luz de las clarificaciones y las explicaciones" ofrecidas por Madrid el 29 de noviembre pasado.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, ha recordado que estaban "convencidos de que la CE daría el visto bueno al plan", ya que "garantiza el futuro del sector naval público, elimina incertidumbres, permite que se abran expectativas de nuevos contratos para el sector y garantiza empleos en el sector auxiliar".
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, ha recordado que estaban "convencidos de que la CE daría el visto bueno al plan", ya que "garantiza el futuro del sector naval público, elimina incertidumbres, permite que se abran expectativas de nuevos contratos para el sector y garantiza empleos en el sector auxiliar".
El Ejecutivo comunitario consideró ilegales las ayudas ofrecidas por el Gobierno español a Izar durante los últimos años por valor de 1.200 millones de euros, por lo que debían ser devueltas. La consecuencia inmediata de dicha medida era la quiebra de los astilleros españoles, pero el plan del Gobierno de militarizar una parte importante de los mismos y cerrar otros, permitirá salvar a una parte de la plantilla.
Ahora, la CE confía en que España cumpla su promesa y "la gran mayoría de los astilleros" se mantengan en el sector militar. Así lo ha afirmado el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, quien ha subrayado que "han obtenido el compromiso de que los astilleros de Fene y San Fernando serán exclusivamente militares y no civiles". Sin embargo, según Todd, la Comisión quiere asegurarse y ha pedido una carta formal que notifique la creación de la nueva compañía militar.
Las aclaraciones que Bruselas ha requerido de Madrid se centraban en los "límites de las actividades civiles de los astilleros". En concreto, han conseguido que el Gobierno español pusiera un límite para la producción civil de estos astilleros calificados de "militares", que finalmente ha sido fijado en el 20 por ciento y sobre una media de tres años.
Ayudas ilegales y ERE
La Comisión Europea ya notificó a España los primeros días de enero de 2005 la obligación de recuperar del grupo de astilleros Izar un total de 854 millones de euros, más intereses, correspondientes a los dos expedientes de ayudas ilegales aprobados el año pasado. Ambos expedientes de recuperación de ayudas ilegales seguirán durante los próximos meses su curso habitual desde Bruselas, aunque todo apunta que la devolución nunca se hará efectiva.
Por otra parte, todavía están pendientes los detalles del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aplicará a la plantilla del grupo, y que contempla 4.028 prejubilaciones y bajas incentivadas. El ERE afectará al 37,7 por ciento de la plantilla total de Izar, que cuenta con 10.661 trabajadores, según los datos de la SEPI, que indican que los centros más perjudicados en este proceso serán Fene, Cádiz, Gijón y Manises, ya que afectará a más de la mitad de sus plantillas.
El documento inicial trasladado a Trabajo contempla prejubilaciones que afectarán a todos los trabajadores que tengan 52 años a 31 de diciembre de 2004, y accederán al 76 por ciento del salario regulador bruto integrado por los conceptos que se determine en la Comisión de Seguimiento.