L D (EP) Así, destaca que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "afronta probablemente la peor crisis política desde que España restauró la democracia hace casi tres décadas" y que su resultado "dará pistas útiles para el futuro de otros Estados multiétnicos europeos".
"Zapatero tiene que despertarse ante el desafío existencial al Estado español que han planteado los vascos. Esta crisis puede resolverse rápida y pacíficamente", señala el rotativo. "Por el bien de todos los españoles, (el Gobierno de) Madrid no puede permitirse dejar a estos políticos locales secuestrar la Constitución española. Si lo hace, España como país será historia", añade.
"España necesita ahora un liderazgo fuerte", señala el editorial, pero puntualiza que "tanto en la política internacional como doméstica en los últimos 10 meses, Zapatero ha inspirado poca confianza en esa prueba". Así, sostiene que mientras el Gobierno socialista supuso "que su línea blanda con el separatismo les garantizaría la cooperación de los vascos", este enfoque "evidentemente ha fracasado". El diario opina que "los vascos tienen todo el derecho a hacer campaña en favor de cambios constitucionales", pero remacha que esto debe hacerse "por medios constitucionales" y argumenta que el hecho de que el Plan fuera aprobado por "una mayoría de cuatro votos en un parlamento local difícilmente les autoriza a actuar con autoridad".
"La Constitución no es meramente académica, es un contrato vivo a través de las generaciones", destaca, subrayando que la Constitución de 1978 dio al País Vasco "amplios poderes de autogobierno", pero "a cambio, junto con el resto de España, aceptaron límites en su derecho de ruptura". "Abrogar unilateralmente ese contrato equivale a la anarquía", apostilla. El texto advierte de que "en cualquier divorcio nacional, son los medios los que determinan los fines": "el apoyo a la autodeterminación debe calibrarse libremente y luego reconciliarse con normas constitucionales establecidas".
El diario indica que la división de Checoslovaquia demuestra que esta vía es "difícil pero factible", pero sugiere que este no es el caso del País Vasco. "Los nacionalistas vascos están en un extremo de Europa, dispuestos a tolerar métodos que privan su lucha de legitimidad democrática", recalca el editorial. "España tiene vías legales claras para que sus 17 regiones expandan su ya amplia autonomía", prosigue, "los catalanes presionan en pro de los mismos objetivos que los vascos pero, al contrario que ellos, los nacionalistas catalanes aceptan la Constitución y rechazan la violencia".
Además, el texto subraya que el terrorismo en el País Vasco impide un clima de debate real. Por ello, tacha de "farsa" que Ibarretxe haya invocado la "democracia popular" como un poder más alto que la Constitución española y justificar así la convocatoria de un referéndum sobre su plan que legalmente está prohibido. "La persistente violencia política de los últimos 35 años no deja espacio para la libre elección ni trae buenos augurios para los derechos políticos de los votantes vascos si sus políticos tienen éxito, de algún modo, en su esfuerzo de secesión", explica.
"En este clima no es posible ningún debate abierto, así que nadie puede decir honestamente que los vascos quieran realmente más autonomía o independencia", prosigue, precisando que las encuestas revelan que la mayoría de la población "se opone a dividir España" y que ni Álava, ni Navarra ni el País Vasco francés "quieren el plan Ibarretxe". "El arreglo financiero en un divorcio con España también sería complicado", añade.