L D (EFE) El ministro de Justicia ha defendido la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso FG Valores al afirmar que: "si hay que determinar si un asunto ha prescrito o no en lo que pueda ser su caracterización final, alguien tendrá que establecerlo y ese alguien no podrá ser un organismo regulador, de control externo, como es la CNMV, sino alguien que tenga competencia para velar por el interés público tutelado por la Ley en el ámbito de la Justicia". "Ese alguien, evidentemente, es el Ministerio Fiscal y, en su cabeza, el fiscal General del Estado", ha afirmado Juan Fernando López Aguilar.
A juicio del ministro, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, está marcando una diferencia muy rotunda "con lo que padecimos en la Legislatura anterior, donde observamos una y otra vez el servilismo a los intereses del Gobierno y del partido que lo sustentaba". "Ahora no se dan instrucciones especificas al Fiscal", ha afirmado. En este sentido, López Aguilar ha considerado que "están completamente fuera de lugar los requerimientos que hemos escuchado estos últimos días por parte del Partido Popular para que el Gobierno ordene una actuación específica o que el Gobierno prohíba una actuación especifica".
La Fiscalía Anticorrupción decidió el miércoles abrir "diligencias informativas" sobre unas presuntas irregularidades cometidas durante la venta de FG Valores (propiedad de Francisco González) a Merryll Linch, en 1996. La CNMV investigó este caso tras la denuncia presentada por un redactor de la Cadena SER y lo archivó en tan sólo unos días al considerar que los hechos habían prescrito.
La Fiscalía Anticorrupción decidió el miércoles abrir "diligencias informativas" sobre unas presuntas irregularidades cometidas durante la venta de FG Valores (propiedad de Francisco González) a Merryll Linch, en 1996. La CNMV investigó este caso tras la denuncia presentada por un redactor de la Cadena SER y lo archivó en tan sólo unos días al considerar que los hechos habían prescrito.
Según López Aguilar, estas diligencias se están poniendo en marcha "desde la autonomía del Ministerio Fiscal en un ámbito en el que nadie puede sustituirle", ya que la CNMV “no tiene ninguna competencia para pronunciarse en materia penal o judicialmente relevante”. A su juicio, “se trata simplemente de averiguar si existen indicios penales relevantes en los hechos de que se ha tenido conocimiento en los últimos días con respecto de un expediente del que administrativamente ha entendido la administración nacional del mercado de valores".