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El CGPJ pedirá que la reforma del sistema de nombramientos sea examinada por el Constitucional

Tras la aprobación de la reforma del sistema de nombramientos de jueces del Tribunal Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, no ha tardado en expresar su oposición. Alega que el fallo no está tanto en su contenido, sino en "el momento en que se pretende aplicar".

Tras la aprobación de la reforma del sistema de nombramientos de jueces del Tribunal Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, no ha tardado en expresar su oposición. Alega que el fallo no está tanto en su contenido, sino en "el momento en que se pretende aplicar".
L D (Europa Press) Según López, la reforma se traduce en una "distorsión" y "una clara intromisión" en el consenso que se alcanzó en el año 2001. En declaraciones a Europa Press insistió en que "se están alterando las mayorías que se establecieron en el Consejo General del Poder Judicial en 2001", y recalcó que "ni la Constitución, ni la ley, ni los principios democráticos lo permiten".
 
Para el portavoz del CGPJ, lo que hace que salten todas las alarmas con esta ley "que exige al Consejo del Poder Judicial que adopte acuerdos de nombramientos por tres quintos" no haya sido acordada por esta misma mayoría del órgano de Gobierno de los jueces. Para Enrique López, la duración en la aprobación de esta ley "ha durado veinte días escasos, lo que no tiene precedente en nuestra democracia", lo que pone de manifiesto "la urgencia y la angustia con la que ha sido tramitada".
 
El portavoz del CGPJ recordó que se trata de "la primera ley que se ha aprobado en esta legislatura" y se preguntó "si realmente era tan urgente para la sociedad española cómo se realizan los nombramientos de altos cargos judiciales en el Consejo del Poder Judicial". Enrique López exigió que la polémica ley sea examinada por el Tribunal Constitucional, al tiempo que rechazó las imputaciones que por parte de miembros del Ejecutivo se han vertido en cuanto "al uso que el CGPJ ha hecho de su política de nombramientos" de altos cargos judiciales.

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