L D (Europa Press) Acebes lamentó que "el 70 por ciento de los nombramientos se ha hecho en contra de la opinión del Consejo Fiscal, y para algunos de los Tribunales Superiores de Justicia se ha elegido entre los candidatos a alguno que estaba 800 puestos por detrás en el escalafón respecto al que se proponía".
El secretario general del PP se refería a los nombramientos anunciados el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, como el del Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Jorge Sena Argüelles; el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo Nebot; y dos fiscales de sala del Tribunal Supremo, Antolín Herrero Ortega y José María Paz Rubio.
Según Ángel Acebes, el "afán" del PSOE de "ocupar" la Justicia es "profundamente antidemocrático" y "claramente perjudicial" para las libertades y para el crédito de España como país que tiene un sistema judicial "independiente". "Se quiere controlar el nombramiento de los jueces a través de un atropello, aprobando de manera inmediata una ley para que no se pueda nombrar un juez sin el visto bueno del PSOE. Ahora, los Fiscales están siendo nombrados desde una determinada tendencia. Va cerrándose el círculo", apostilló.
"Jueces afines, fiscales afines, y al final control de la Justicia y, por tanto, proceso antidemocrático a todas luces", terminó el secretario general del PP.
Unos nombramientos con polémica
Los nombramientos del pasado viernes ya fueron protestados por miembros del Partido Popular, empezando por el del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El vicesecretario del PP en Valencia, Ricardo Costa, se lamentó de que el Gobierno haya colocado "un árbitro comprado", aludiendo a la circunstancia de que Ricard Cabedo sea esposo de la diputada socialista Juana Serna. Además, se da el caso de que Costa pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), minoritaria en la carrera fiscal, pero que no obstante ha sido la elegida mayoritariamente por Conde Pumpido en sus nuevos nombramientos.
Jorge Sena Argüelles ya fue propuesto en junio para ser fiscal del Supremo. Desde la UPF celebran la designación del ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura aunque pertenece al grupo de los no asociados.
En cuanto al nombramiento de Antolín Herrero, éste no se ha producido sin polémica, ya que en las votaciones obtuvo tan solo cinco votos frente a los siete de su rival Juan Manuel Oña. Conde Pumpido ha explicado que prefirió al primero porque lleva diez años ejerciendo en el campo de lo penal, lo que le hace mejor para el puesto en el Supremo a ojos del Fiscal General del Estado. Es de destacar que tanto Herrero como José María Paz pertenecen a la nombrada UPF, asociación minoritaria entre los fiscales.
La APM dice que la reforma de la Justicia es sólo "un pretexto ficticio"
Las críticas han llovido al Gobierno desde varios puntos, como desde el Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria en la carrera judicial. Acusan al Ejecutivo de haber omitido "con contumacia y sin justificación alguna las razones que se dieron en su día para modificar las mayorías exigidas en el Consejo General del Poder Judicial, siendo aquéllas sólo un pretexto ficticio de la finalidad realmente perseguida que no es otra que la de colapsar las designaciones de cargos judiciales o la de influirlas en todo caso".
La APM manifestó su "estupefacción al comprobar como, pese a la justificación oficial dada para modificar las normas sobre el nombramiento de Altos Cargos Judiciales en la que se daba prioridad al mérito y a la capacidad así como a la necesidad de consenso, las designaciones efectuadas obedecen clara y contundentemente a criterios diferentes". Según la asociación judicial, "en un sistema verdaderamente democrático no vale todo para conseguir fines particulares y que no atiendan a los mandatos constitucionales, que justifican con ingeniería jurídica propósitos de alterar el juego de las mayorías y de los consensos".
La APM se lamenta de que el Gobierno "más que atender a la existencia del interés de los ciudadanos españoles atiendan solamente al viejo axioma del todo vale para copar los cargos máximos en la estructura judicial del Estado".