(Libertad Digital) Este jueves se esperan más datos sobre el escándalo del sábado 22. Será en la comisión de Interior del Congreso donde el PP exija al ministro Alonso, sin el límite de tiempo de las preguntas parlamentarias, una explicación sobre las detenciones sufridas por dos militantes del PP.
Este miércoles, en el Pleno de control, José Antonio Alonso contestó con lo que debería ser verdad pero sin aportar pruebas de que haya sucedido así.
A la pregunta de Acebes "si no fue el juez ni usted ¿quién dio la orden?", el ministro contestó: "Usted sabe que ni el ministro del Interior ni el delegado del Gobierno dan orden de detener a nadie". El secretario general del PP tildó la actuación contra los militantes Isidoro Barrios y Antonia de la Torre de "pura abitrariedad".
Acebes se refirió a la selección de los militantes –como dijo Esperanza Aguirre, se fijaron en dos militantes del PP de entre un grupo de 59 cabezas–, a su detención y a la ausencia de indicios racionales contra ellos como probó el atestado policial que no halló prueba alguna de agresión, sólo gritos. El secretario general también lamentó las represalias contra el funcionario policial que se negó a detenerlos y a la manipulación de los informes policiales sobre las previsiones de asistencia a la manifestación de la AVT. Destacó también lo curiosos que resulta que las investigaciones se hayan parado desde el momento en el que no se pudo demostrar cargo alguno contra los militantes populares.
A juicio del secretario general del PP, la Policía demostró que Bono no fue agredido físicamente a pesar de haber dicho que había sufrido un golpe en las costillas y puñetazos. El secretario general subrayó que los detenidos han sido víctimas de un atropello antidemocrático y criticó la actuación de la Delegación del Gobierno que dejó la manifestación sin cobertura adecuada y calificó a los militantes populares como imputados en un comunicado escrito y público.
Acebes lamentó que se detuviera a un hombre de 61 años, fontanero jubilado, y un ama de casa y directiva de una asociación humanitaria en Las Rozas al parecer sin más pruebas que una fotografía ejerciendo un derecho fundamental: manifestarse en apoyo a las víctimas del terrorismo.