L D (EFE) El juicio a los 35 miembros de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi, que estaba previsto diera comienzo este lunes en la Audiencia Nacional, estuvo marcado por la incomparecencia de dos de los acusados, Asier Tapia e Izaskun Lesaka, y por defectos en la resolución de los últimos recursos de las defensas, lo que provocó el aplazamiento de la vista al viernes.
El inicio de la primera sesión del juicio comenzó con un retraso de dos horas por problemas en la conducción de los 23 procesados que se encuentran en prisión preventiva, debido al mal estado de las carreteras a causa de la lluvia y la nieve.
Una vez que los procesados, que están en prisión, llegaron a la Audiencia Nacional, fueron introducidos en la sala blindada donde se juzga a los acusados de delitos de terrorismo y allí exhibieron sus habituales consignas grabadas en las camisetas. Los otros diez jóvenes que se encuentran en libertad provisional ocuparon los asientos situados fuera de la sala blindada y lucieron también la misma camiseta, salvo una de ellas que vestía camisa blanca.
Tras pasar lista a los acusados, el tribunal comprobó que dos de ellos, Asier Tapia e Izaskun Lesaka, no habían comparecido, por lo que el fiscal Enrique Molina solicitó que se decretara orden de busca y captura contra ellos. Asier Tapia se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros desde octubre de 2001 y, en sus conclusiones provisionales, el fiscal pide para él 111 años y 10 meses de cárcel por integración en banda armada y varios delitos de daños e incendios terroristas, mientras que para Izaskun Lesaka el fiscal solicita 14 años de cárcel por pertenencia a ETA.
Además, Molina reclama a Tapia la responsabilidad civil por los daños causados a raíz de que el pasado 6 de marzo de 2001, en una conferencia de prensa tras la detención de quince dirigentes de Haika, asegurara que "vamos a responder con todo nuestro enfado a los responsables (...) de este ataque".
La defensa de los dos huidos, que ostenta la diputada de Sozialista Abertzaleak Jone Goiricelaia, consideró que sus defendidos no habían sido convenientemente citados a juicio y por eso no habían comparecido. Sin embargo, tras realizar las gestiones oportunas, el tribunal comprobó que las citaciones habían sido realizadas de forma correcta y decretó entonces su busca y captura,
Posteriormente, intervino el abogado Iñigo Iruin quien pidió la suspensión del auto por el que se procedía a la apertura de juicio hasta que el tribunal no resolviera el incidente de recusación planteado respecto a los peritos de la Policía que testificarán en la vista y los recursos interpuestos contra la inadmisión de los artículos de previo pronunciamiento. A juicio de Iruin, es "inexplicable y contradictorio" que se les hubiera citado para el juicio, a lo que Goiricelaia añadió que debía darse también traslado a la acusación popular, que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), de los recursos que han presentado.
El fiscal respondió que no cabía la suspensión del juicio porque tanto los recursos como la recusación debían rechazarse "ad limine" (de plano) y destacó que los peritos recusados son policías que se han limitado a elaborar informes y en ningún momento han interrogado a los acusados. Por contra, el letrado de la AVT, Pedro Cerracín, estimó que la nulidad de actuaciones era "evidente" y sugirió al tribunal que suspendiera el plazo de la prisión provisional mientras resuelve los recursos. "La AVT no pretende que se les condene a cualquier precio. Estamos seguros de que les condenaran, pero con todas las garantías legales, que es lo que ETA niega a sus víctimas", subrayó.
El inicio de la primera sesión del juicio comenzó con un retraso de dos horas por problemas en la conducción de los 23 procesados que se encuentran en prisión preventiva, debido al mal estado de las carreteras a causa de la lluvia y la nieve.
Una vez que los procesados, que están en prisión, llegaron a la Audiencia Nacional, fueron introducidos en la sala blindada donde se juzga a los acusados de delitos de terrorismo y allí exhibieron sus habituales consignas grabadas en las camisetas. Los otros diez jóvenes que se encuentran en libertad provisional ocuparon los asientos situados fuera de la sala blindada y lucieron también la misma camiseta, salvo una de ellas que vestía camisa blanca.
Tras pasar lista a los acusados, el tribunal comprobó que dos de ellos, Asier Tapia e Izaskun Lesaka, no habían comparecido, por lo que el fiscal Enrique Molina solicitó que se decretara orden de busca y captura contra ellos. Asier Tapia se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros desde octubre de 2001 y, en sus conclusiones provisionales, el fiscal pide para él 111 años y 10 meses de cárcel por integración en banda armada y varios delitos de daños e incendios terroristas, mientras que para Izaskun Lesaka el fiscal solicita 14 años de cárcel por pertenencia a ETA.
Además, Molina reclama a Tapia la responsabilidad civil por los daños causados a raíz de que el pasado 6 de marzo de 2001, en una conferencia de prensa tras la detención de quince dirigentes de Haika, asegurara que "vamos a responder con todo nuestro enfado a los responsables (...) de este ataque".
La defensa de los dos huidos, que ostenta la diputada de Sozialista Abertzaleak Jone Goiricelaia, consideró que sus defendidos no habían sido convenientemente citados a juicio y por eso no habían comparecido. Sin embargo, tras realizar las gestiones oportunas, el tribunal comprobó que las citaciones habían sido realizadas de forma correcta y decretó entonces su busca y captura,
Posteriormente, intervino el abogado Iñigo Iruin quien pidió la suspensión del auto por el que se procedía a la apertura de juicio hasta que el tribunal no resolviera el incidente de recusación planteado respecto a los peritos de la Policía que testificarán en la vista y los recursos interpuestos contra la inadmisión de los artículos de previo pronunciamiento. A juicio de Iruin, es "inexplicable y contradictorio" que se les hubiera citado para el juicio, a lo que Goiricelaia añadió que debía darse también traslado a la acusación popular, que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), de los recursos que han presentado.
El fiscal respondió que no cabía la suspensión del juicio porque tanto los recursos como la recusación debían rechazarse "ad limine" (de plano) y destacó que los peritos recusados son policías que se han limitado a elaborar informes y en ningún momento han interrogado a los acusados. Por contra, el letrado de la AVT, Pedro Cerracín, estimó que la nulidad de actuaciones era "evidente" y sugirió al tribunal que suspendiera el plazo de la prisión provisional mientras resuelve los recursos. "La AVT no pretende que se les condene a cualquier precio. Estamos seguros de que les condenaran, pero con todas las garantías legales, que es lo que ETA niega a sus víctimas", subrayó.
Si hay tiempo para camisetas también lo hay para la defensa
Tras escuchar todos los alegatos, el tribunal se retiró a deliberar y finalmente acordó dar traslado de los recursos y la recusación a todas las partes en el término de dos días y modificar de este modo la fecha del inicio del juicio, que quedó aplazado al próximo viernes.
En cuanto al traslado de los presos que se encuentran fuera de Madrid, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, aseguró que la Sala pidió ese trasladado "hace mucho tiempo", unos 17 días, y matizó que a lo mejor "no se ha podido preparar la defensa, pero si la indumentaria, y eso es mala fe".