L D (EFE) Gerardo Herrero compareció este miércoles ante los medios de comunicación para informar sobre las conclusiones de las diligencias que ha practicado en relación con la investigación en Asturias de la trama que facilitó los explosivos y la supuesta responsabilidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la investigación de estos hechos.
Herrero informó que la investigación abierta concluye que a ninguno de los mandos y agentes de la Guardia Civil implicados en el devenir de la cinta grabada por el agente Campillo se les puede achacar responsabilidad penal alguna. El fiscal jefe también precisó que no le corresponde a él determinar supuestas negligencias en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que son otras instancias, ajenas a las judiciales, las que deben hacerlo.
El fiscal jefe de Asturias explicó que la investigación se ha basado en la declaración de todos los implicados y que se ha alargado más de los previsto debido a las contradicciones en las que incurrieron muchos de ellos por lo que ha sido necesario practicar varios careos. Dicha investigación, que se abrió a propuesta de la Fiscalía Antidroga de Asturias, está separada del sumario del 11-M, porque únicamente se ha centrado en delimitar presuntos delitos que podrían ser obstrucción a la Justicia.
Compe Pumpido ordenó en noviembre la apertura de diligencias
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ordenó el pasado 22 de noviembre la apertura de estas diligencias para conocer la actuación de la Guardia Civil en relación con el hallazgo de una grabación sobre este asunto que estuvo dos años sin incorporarse a las actuaciones judiciales.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ordenó el pasado 22 de noviembre la apertura de estas diligencias para conocer la actuación de la Guardia Civil en relación con el hallazgo de una grabación sobre este asunto que estuvo dos años sin incorporarse a las actuaciones judiciales.
En la citada grabación, hallada en el cuartel de Cancienes por un agente de este puesto, David Robles, el confidente Francisco Javier Villazón Lavandera, alias "Lavandero", alertaba en 2001 de que Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, imputados en relación con la trama de los atentados del 11-M, manejaban grandes cantidades de explosivos y buscaban a alguien que supiese fabricar bombas activadas por medio de teléfonos móviles.
Esta grabación fue realizada por el agente Jesús Campillo, quien posteriormente la transcribió y la adjuntó a un informe aunque omitiendo la cuestión de los teléfonos móviles y un presunto viaje que iban a hacer a Marruecos determinadas personas presas en esos momentos en la cárcel asturiana de Villabona.
La cinta llegó finalmente al teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, entonces jefe de la Comandancia de Gijón, quien la guardó en la caja fuerte de su despacho tras escucharla "parcialmente, y fue cesado de su cargo semanas después, en noviembre de 2004, por no poner dicha prueba a disposición de la autoridad judicial.
Esta grabación fue realizada por el agente Jesús Campillo, quien posteriormente la transcribió y la adjuntó a un informe aunque omitiendo la cuestión de los teléfonos móviles y un presunto viaje que iban a hacer a Marruecos determinadas personas presas en esos momentos en la cárcel asturiana de Villabona.
La cinta llegó finalmente al teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, entonces jefe de la Comandancia de Gijón, quien la guardó en la caja fuerte de su despacho tras escucharla "parcialmente, y fue cesado de su cargo semanas después, en noviembre de 2004, por no poner dicha prueba a disposición de la autoridad judicial.