L D (Agencias) Para que España cumpla el compromiso que adquirió al firmar el Protocolo, las empresas españolas no podrán incrementar en más de un 15 por ciento sus emisiones de “gases con efecto invernadero” respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, durante el año pasado, España emitió a la atmósfera un 41 por ciento más de estos gases (fundamentalmente CO2) de lo que emitía en 1990.
Según el Plan de la ministra de Medio Ambiente, aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (dependiente del Ministerio de Economía), España no debe sobrepasar sus emisiones más del 24 por ciento, por lo que habrá de comprar el 7 por ciento en el mercado internacional de compraventa de derechos de emisión y restar un 2 por ciento por el efecto de absorción de CO2 atribuido a los bosques o sumideros.
Cristina Narbona, junto con los secretarios generales de Medio Ambiente, Energía e Industria, ha presentado este lunes el borrador del Plan Nacional que asigna a diversos sectores unas cuotas de emisión que servirán para cumplir Kioto. Según la ministra, el Plan Nacional será aprobado por Real Decreto Ley, el próximo mes, pero posteriormente se tramitará como proyecto de ley.
Cristina Narbona, junto con los secretarios generales de Medio Ambiente, Energía e Industria, ha presentado este lunes el borrador del Plan Nacional que asigna a diversos sectores unas cuotas de emisión que servirán para cumplir Kioto. Según la ministra, el Plan Nacional será aprobado por Real Decreto Ley, el próximo mes, pero posteriormente se tramitará como proyecto de ley.
El Gobierno reconoce que el plan afectará a las tarifas energéticas
Narbona ha reconocido, en declaraciones a la agencia EFE, que la aplicación del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión repercutirá "algo" en las tarifas energéticas."Si queremos estimular una mayor eficiencia en el uso de la energía va a ser difícil que eso se consiga sin elevar un poquito los precios de la energía", ha afirmado la ministra, quien también ha revelado que se está estudiando introducir, a largo plazo, un impuesto sobre las gasolinas para reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte.
Además, el Plan establece la creación de un registro nacional de derechos de emisión, potenciará la cogeneración y designará la Autoridad Nacional de los mecanismos basados en proyectos del Protocolo. Asimismo, fomentará la adquisición de créditos destinados a cubrir el exceso de emisiones, creará una reserva gratuita para los nuevos entrantes en el régimen de comercio comunitario y no admitirá el "banking", es decir, el arrastre de derechos del primer periodo (2005-2007) al segundo (2008-2012).
El grueso de la reducción se deja para la segunda fase (2008-2012)
Además, el Plan establece la creación de un registro nacional de derechos de emisión, potenciará la cogeneración y designará la Autoridad Nacional de los mecanismos basados en proyectos del Protocolo. Asimismo, fomentará la adquisición de créditos destinados a cubrir el exceso de emisiones, creará una reserva gratuita para los nuevos entrantes en el régimen de comercio comunitario y no admitirá el "banking", es decir, el arrastre de derechos del primer periodo (2005-2007) al segundo (2008-2012).
El grueso de la reducción se deja para la segunda fase (2008-2012)
El Plan Nacional fija para una primera fase de "estabilización", que comprende entre 2005-2007, unos objetivos de reducción anual de 0,4 por ciento en las emisiones en los sectores eléctricos y energéticos. Durante estos tres años se establece para el sector energético la previsión de las emisiones medias de generación eléctrica de 94 millones de toneladas anuales, al sector eléctrico 86,4 millones de toneladas y al sector siderúrgico le asigna un total de 88 millones de toneladas. Para los sectores industriales, se asignan 71,72 millones de toneladas, además de otros 2,76 millones de toneladas previstas para nuevas empresas entrantes.
Sin embargo, según ha reconocido la ministra, el "cambio notable" se producirá en una segunda fase, que abarcará de 2008 a 2012, en el que entrarán en juego los sectores hasta ahora fuera del Plan como son el transporte, la construcción o la agricultura, entre otros.
Se abre un proceso de diálogo con los sectores afectados
Los niveles de emisiones de CO2 en España se situaron oficialmente en el año 2000 en el 39 por ciento y en 2003 el aumento ha llegado al 41 por ciento. Aún así, la ministra considera que los objetivos de reducción que plantea el Gobierno son "posibles" y "asumibles". El objetivo es disminuir el uso de combustibles fósiles y aumentar la eficiencia energética, para lo cual el Gobierno apuesta por las energías renovables y el gas natural.
El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, ha reconocido el esfuerzo que supondrá para el sector energético y ha comentado que ahora se abre un proceso de diálogo para la definitiva asignación de emisiones. De momento, las eléctricas han reaccionado divididas, Endesa ha apoyado el borrador, mientras que Unión Fenosa ha advertido que le obligará a aumentar las tarifas. La más positiva ha sido Iberdrola, que considera que el esfuerzo no afectará a los precios ya que la estructura tarifaria tiene "colchones" para compensarlo. Por su parte, el sector siderúrgico ha mostrado su preocupación.
Greenpeace cree que el Gobierno ha sido muy generoso en la primera fase
La organización ecologista Greenpeace valora muy positivamente el cambio de tendencia que supone el borrador de Plan Nacional de Asignación, aunque advierte que el plan debería ser más ambicioso porque es posible y necesario lograr reducciones de emisiones que nos acerquen más al cumplimiento de Kioto. Según se puede leer en su página web, la ONG considera que la asignación de derechos para el primer periodo ha sido muy generosa, por lo que será necesario dejar muy claro que habrá que reducir mucho más las emisiones para garantizar que Kioto se cumple.