L D (EFE) Fuentes del ministerio público informaron de que la fiscalía presentó en el citado juzgado un escrito en el que "interesa la reapertura de las diligencias previas", que la juez Elisabet Castelló abrió el pasado 27 de enero (día en que se originó el socavón) y posteriormente sobreseyó provisionalmente, a la espera de que alguien denunciara los hechos.
Cuando ocurrieron los hechos, la Fiscalía tampoco actuó de oficio, ya que al no existir un caso de lesiones, sino de daños contra la propiedad, necesitaba una denuncia de los perjudicados para actuar. Esta situación cambió el pasado 11 de enero, cuando dos comerciantes que tienen sus establecimientos en la zona afectada (el titular de una pastelería y el de un estanco) presentaron una querella por estragos, y subsidiariamente por daños, contra las empresas responsables de la adjudicación y ejecución de las obras.
El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona podría decidir, entre este viernes y el lunes, según fuentes judiciales, si admite a trámite la citada querella, que pide a los responsables de las obras de la línea 5 del Metro una fianza de 100 millones de euros para hacer frente a los pagos a cuenta y posibles futuras indemnizaciones a los perjudicados. La Fiscalía, no obstante, ya ha pedido al Juzgado que tenga en cuenta esta denuncia, reabra la causa penal y reclame a la administración toda la documentación relativa a la construcción del túnel, para averiguar si existe algún hecho punible.
La citada querella se dirige contra Gisa, empresa de la Generalidad responsable de la adjudicación de las obras; la Unión Temporal de Empresas (FCC, Comsa y Copisa) que ejecutó las mismas; TEC-4, la compañía que elaboró los informes del proyecto; y Geocontrol, que efectuó los estudios geológicos, y solicita la declaración de la Generalidad como responsable civil subsidiaria. Los dos comercios demandantes piden que se proceda a una serie de actuaciones judiciales tendentes a esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos y a determinar los responsables.
Así, la querella solicita al Juzgado que efectúe una inspección ocular de la zona afectada por el hundimiento, que recabe todos los informes elaborados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Barcelona, las fuerzas de seguridad del Estado y los bomberos. También pide que se conserven los vestigios de pruebas, que se decomise a Gisa el libro de obras y que se elaboren informes periciales de geólogos e ingenieros de minas para saber en qué condiciones se encuentra el subsuelo.