L D (EFE) Pilar Martínez, que se reunió con los propietarios del Windsor ante una petición urgente de éstos, les indicó que "quien lleva la investigación judicial es el Juzgado de Instrucción número 28 y que es la jueza la que tiene que autorizar esa entrada". La concejala desveló que la intención de la familia Reyzábal "es entrar nuevamente a investigar en el edificio Windsor", pero la respuesta del Ayuntamiento "es que quien lleva la investigación judicial es el Juzgado de Instrucción número 28" y quien "tiene que autorizar esa entrada".
Sin embargo, Martínez explicó que la conversación había tenido dos direcciones y que, mientras los propietarios del edificio planteaban sus dudas sobre la investigación con la petición de entrar de nuevo al edificio, el Ayuntamiento planteó las suyas sobre si la propiedad aceptará el pago de la factura de la demolición "por la vía voluntaria o por la vía de apremio".
Las obras sólo se pararán por orden judicial
La concejala reconoció su sorpresa ante la petición de los Reyzábal de mantener esta reunión de forma inminente porque "a lo largo de toda la semana hemos estado en contacto con ellos". Así, detalló que, "salvo el jueves, todos los días hemos hablado con la propiedad", al tiempo que recordó que lo acordado con ellos era mantener un encuentro el martes próximo que, sin embargo, y ante la petición de los Reyzábal, se celebró en la tarde de este mismo sábado.
La familia ya estuvo las cinco horas que les concedió la jueza para hacer sus investigaciones la semana pasada en una visita "en la que nosotros servimos meramente de acompañantes". Esa autorización podía haber sido recurrida, de no estar de acuerdo en un plazo de tres días, "y la propiedad no recurrió nada ni volvió a solicitar nuevos plazos, por lo que el tema es judicial y el Ayuntamiento nada tiene que ver con esa solicitud".
Equipo propio de investigación
Si lo que pretende la familia al pedir entrar al edificio con su propio equipo de investigación es escenificar que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, aventuró la concejala, "lo que decimos nosotros es que para el Ayuntamiento la investigación judicial es la oficial y es la que va a determinar la causa", lo que, por otro lado, apuntó, "es un proceso que nada tiene que ver con el cometido que tiene el Ayuntamiento".
Martínez expuso que ninguno de estos extremos detendrá la demolición, que ya ha empezado, tal y como se anunció este viernes y siguiendo el orden previsto de plan y presupuesto. En las primeras horas de los trabajos se ha procedido al "reconocimiento externo de los elementos a desmontar y en paralelo, acodalando y apeando el subsuelo, lo que significa que estamos haciendo una estructura para que el suelo aguante cuando se coloque una tercera grúa, que será la que desmonte la torre-grúa que corona el edificio".
Este domingo, según ha anunciado la edil, "van a dar comienzo los trabajos de retirada de los elementos que ofrecen peligro". El Ayuntamiento sólo parará las obras "si es la jueza quien lo dice", al igual que "dejaremos entrar a quien ella diga".