L D (Agencias) El titular de la Cartera de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha dicho, en referencia a la matriculación de 57 etarras presos en cárceles francesas en la Universidad del País Vasco, que en la Legislatura anterior se aprobó una modificación de la Ley Penitenciaria para asegurar que la reducción de penas por estudio "debe quedar condicionada a garantías de reinserción positiva".
Por ello, Aguilar aseguró que el Gobierno examinará esta cuestión con detalle y no descartó emprender acciones contra la Universidad del País Vasco en el caso en que se haya violado la ley. Al término de la celebración del desayuno del Forum Europa, el titular de Justicia precisó que "en el caso de condenados por delitos terroristas, como queda manifiesto en dicha modificación, la Universidad de Educación a Distancia asegura el acceso al estudio no presencial".
Por su parte, la ministra de Educación, María Jesús Sansegundo, se ha comprometido a que su Departamento realizará un estudio rápido del caso de la matriculación en la UPV de estos etarras para que se "respete la legalidad y se garantice que se respetan los derechos de todo el mundo". En declaraciones a la agencia Europa Press, San Segundo, que dijo coincidir con el ministro de Justicia en el tratamiento de este caso, recalcó que la posición general del Gobierno es la de "garantizar el respeto a la legalidad". En todo caso, recordó que los estudiantes presos en España deben matricularse en la Universidad a Distancia (UNED), "y sólo en aquellos casos" en que no existan en dicha Institución las carreras que se solicitan "es posible la matriculación en otras Universidades". "Estudiaremos el caso para ver exactamente cómo encaja en la legalidad, en el menor tiempo posible para garantizar que se respetan los derechos de todo el mundo", sentenció la ministra.
Por su parte, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró que es "muy partidaria" de que "el trabajo, la educación y la cultura entren en los centros penitenciarios", con la "garantía de que esas actividades van a servir para ayudar a la reinserción y reeducación" de los presos "y no para otro tipo de finalidades", en relación al hecho de que la UPV haya matriculado a 57 presos de ETA recluidos en Francia. En una rueda de prensa en San Sebastián, Gallizo dijo que este tema no es de competencia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias porque, según apuntó, se refiere a "personas que están cumpliendo su condena en otros países" y no "están en su jurisdicción".