(Libertad Digital) La Comisión Europea aunque destaca que este tipo de procesos son competencia de cada país, señala que tanto anteriores regularizaciones en algunos Estados miembros como "la actual campaña que lleva a cabo España a gran escala" dejan claro "que es muy necesario un enfoque común de la UE en lo que respecta a la gestión de las migraciones, puesto que las regularizaciones en un Estado miembro pueden tener repercusiones en todos los demás Estados miembros".
Esta opinión de la Comisión Europea ya figuraba en las conclusiones de una comunicación sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal que jhizo pública en junio de 2004. Según recuerda el Ejecutivo comunitario en su respuesta, las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales "aunque permiten una mejor gestión de la población, sirven para abordar el tema del trabajo irregular y aumentan los ingresos del Estado mediante la fiscalidad y los pagos a la seguridad social, no son sin embargo eficaces para reducir las dimensiones del mercado laboral no regulado y, de alguna manera, fomentan las migraciones ilegales (parece que los programas de regularización a gran escala se autoperpetúan)".
Además, subraya que estas decisiones "afectan inevitablemente a los demás países" de la UE debido "al derecho a desplazarse libremente en el espacio Schengen y al derecho de los trabajadores a prestar servicios en otros Estados miembros o a residir y asentarse en ellos cuando se ha adquirido el estatuto de residentes de larga duración (después de 5 años)".
Tras el proceso lanzado en España, la Comisión Europea insiste la necesidad de poner en marcha un sistema "de información mutua y de detección precoz con respecto a todas las decisiones políticas importantes adoptadas a nivel nacional en el ámbito de la migración y el asilo, que abarcaría las medidas de regularización" para atajar el problema, cuyo debate ya han iniciado los ministros de Interior y Justicia de la UE. "Una coordinación de este tipo aumentaría en gran medida la transparencia y garantizaría un nivel más alto de confianza mutua", concluye la Comisión Europea en su respuesta.
En opinión de Agustín Díaz de Mera, los argumentos emitidos por la Comisión Europea "ponen de manifiesto que las pegas del PP o de los sindicatos policiales españoles al proceso de regularización masiva están perfectamente fundadas". "Es verdad que hay un 'efecto llamada', es verdad que hay situaciones de despido de inmigrantes por miedo a denuncias y es verdad que medidas como la del Gobierno socialista tienen una repercusión en el resto de nuestros socios comunitarios, aunque la propaganda oficial quiera ocultarlo", sentenció el eurodiputado del PP.