L D (Europa Press) El Ministerio de Justicia, del que es máximo responsable Juan Fernando López Aguilar, señala que ha ofrecido "los incrementos salariales más elevados nunca antes planteados por un Gobierno", lo que significa "no sólo la plasmación de un esfuerzo negociador, sino también la consecución de nuevas y muy importantes partidas económicas". Añade que la voluntad del Ministerio de alcanzar una solución al conflicto planteado por los sindicatos ha estado asociada siempre a "lograr con éxito la implantación de la nueva oficina judicial". "El establecimiento de esta oficina judicial no es solo un reto de este Gobierno, sino de toda la Justicia española, que quiere conseguir su modernización", añade el comunicado, que considera que fueron los propios sindicatos los que han roto las negociaciones del Estatuto de ingreso y provisión de puestos de trabajo "sin tener en cuenta las contrapropuestas que el Ministerio realizó a sus reivindicaciones, que ellos califican de 'irrenunciables'".
Justicia recuerda que los 428 euros anuales de incremento sólo se pueden abonar en el territorio del Ministerio de Justicia, y no en las Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias en Justicia. No obstante, el Ministerio "se comprometió a proponer a los responsables autonómicos que consideraran esta reclamación en la próxima Conferencia Sectorial". Asimismo, el Ministerio señaló que ha estado "dispuesto a negociar el aumento de las retribuciones", siempre que el incremento "contribuya a mejorar el servicio público de la Administración de Justicia". "Es radicalmente incierto que el Ministerio haya incumplido algún acuerdo, bien estatutario o económico, suscrito con el equipo anterior. Se han cumplido, por el contrario, todos los acuerdos publicados en el BOE", añade.
En este sentido, considera que los "supuestos acuerdos" firmados el 31 de octubre de 2003 para incrementar los salarios no constituyen "acuerdos reales", al tratarse de "simples promesas de proponer aumentos futuros de la masa salarial". "El 15 de abril de 2004 se publicó en el BOE la resolución (de 9 de marzo del mismo año) del ex secretario de Estado Rafael Catalá. Se puede constatar que el autor de dicha promesa no incluyó ninguna de las reclamaciones contenidas en las actas no firmadas, lo que acredita que no hubo acuerdos reales sobre tales contenidos". Del mismo modo, Justicia entiende que no hay "tratamiento discriminatorio de los funcionarios de la Administración de Justicia con respecto a secretarios, jueces y fiscales" y agrega que está "abierto a negociar todos los aspectos de la jornada laboral (35 horas, los sábados, el 24 y 31 de diciembre)". "A cambio, se pide como contrapartida el control horario, en atención al servicio que merecen los ciudadanos", añade.
Por otro lado, considera que es "incierto que se pretenda imponer la nueva oficina judicial" y señala que está "dispuesto a negociar con los sindicatos, como no podría ser de otro modo, las relaciones de puesto de trabajo, tal y como exige la ley". Así, explica que se han convocado concursos de traslado de ámbito nacional en 2004 y que "existe clara voluntad de negociar" convocatorias este año.