L D (EFE) "Todo el equipo del Ministerio de Justicia la mantiene abierta (la negociación) con la mejor intención de poner en marcha la Oficina Judicial como una herramienta de modernización y sin perder de vista que el destinatario de nuestro trabajo es la ciudadanía, que espera un servicio público decente de la Administración de Justicia", dijo. Además, explicó que "todas las organizaciones sindicales en una sociedad democrática y pluralista merecen respeto", ya que "cumplen una función constitucionalmente relevante". Por ello, "el Gobierno -añadió- respeta las decisiones que adoptan en el ámbito de su autonomía".
Respecto a la Oficina Judicial recordó que "es un mandato de una Ley que entró en vigor en la legislatura anterior con los votos de la mayoría absoluta del PP y por tanto es una Ley que sin duda vincula al primer partido de la oposición, pero en la medida en que está en vigor vincula también a este Gobierno, que debe hacer guardar la Constitución y el ordenamiento jurídico". "Hemos ofrecido el incremento de retribuciones más importante que ha ofrecido un Gobierno en estos 25 años de Democracia a los trabajadores de la Administración de Justicia", concluyó López Aguilar, quien hizo hincapié en que se trata de "un incremento de retribuciones que puede montar en torno al 18,4 por ciento de la masa salarial para desplegarse en el curso de esta legislatura".
A su juicio, no son posibles algunas de las pretensiones de los sindicatos. Entre éstas citó el de que "esas retribuciones puedan desvincularse del establecimiento de la Oficina Judicial" y el que "además sean decididas por el Gobierno aunque repercutan presupuestariamente sobre las Comunidades Autónomas".
El titular de Justicia destacó que la ciudadanía "tiene derecho a esperar que el Gobierno garantice que en la Administración de Justicia la organización del trabajo es racional y eficiente y además se controla el rendimiento, los horarios y las retribuciones están en una cierta proporción condicionadas a la asunción de responsabilidades, dificultades o dedicación exigida por cada puesto de trabajo". "Esperamos conseguir que esa negociación llegue a buen puerto y podamos establecer entre todos una Oficina Judicial. Entre otras cosas porque es un mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tenemos el deber de cumplirlo", concluyó.
Respecto a la Oficina Judicial recordó que "es un mandato de una Ley que entró en vigor en la legislatura anterior con los votos de la mayoría absoluta del PP y por tanto es una Ley que sin duda vincula al primer partido de la oposición, pero en la medida en que está en vigor vincula también a este Gobierno, que debe hacer guardar la Constitución y el ordenamiento jurídico". "Hemos ofrecido el incremento de retribuciones más importante que ha ofrecido un Gobierno en estos 25 años de Democracia a los trabajadores de la Administración de Justicia", concluyó López Aguilar, quien hizo hincapié en que se trata de "un incremento de retribuciones que puede montar en torno al 18,4 por ciento de la masa salarial para desplegarse en el curso de esta legislatura".
A su juicio, no son posibles algunas de las pretensiones de los sindicatos. Entre éstas citó el de que "esas retribuciones puedan desvincularse del establecimiento de la Oficina Judicial" y el que "además sean decididas por el Gobierno aunque repercutan presupuestariamente sobre las Comunidades Autónomas".
El titular de Justicia destacó que la ciudadanía "tiene derecho a esperar que el Gobierno garantice que en la Administración de Justicia la organización del trabajo es racional y eficiente y además se controla el rendimiento, los horarios y las retribuciones están en una cierta proporción condicionadas a la asunción de responsabilidades, dificultades o dedicación exigida por cada puesto de trabajo". "Esperamos conseguir que esa negociación llegue a buen puerto y podamos establecer entre todos una Oficina Judicial. Entre otras cosas porque es un mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tenemos el deber de cumplirlo", concluyó.
Reivindicaciones de los sindicatos
En un comunicado, la Federación de Servicios Públicos de UGT indica que el Ministerio de Justicia "sí cumple los compromisos económicos y estatutarios adquiridos con jueces y secretarios, que les supusieron incrementos retributivos importantes", lo que significa "un importante agravio comparativo y un incremento de las diferencias retributivas entre los que trabajan en la Administración de Justicia". Además, entre otros aspectos, reivindican que "debe garantizarse la movilidad voluntaria en el proceso de reordenación y redistribución de efectivos derivado de la implantación de la nueva oficina judicial, así como garantía de que no se producirá ninguna disminución de la plantilla".