L D (Agencias) El fiscal del Supremo Fernando Sequeros, autor de los dictámenes, se opone al indulto total o parcial a Vera y Colorado, condenados a siete y seis años de cárcel, respectivamente, por el "caso fondos reservados", al concluir que no existe "al día de la fecha razón alguna de justicia, equidad o utilidad pública" para su concesión.
La Fiscalía subraya que la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos por ambos desaconsejan "hoy por hoy" la medida de gracia, aunque añade que ello "no debe comportar necesariamente su negación futura". En ese sentido, indica que habrá que esperar a comprobar el comportamiento en la cárcel de ambos para evaluar sus posibilidades de reinserción, ya que Rodríguez Colorado aún no ha entrado en prisión (lo tiene que hacer antes del próximo día 8) y Vera lo hizo hace menos de 15 días (el pasado 16 de febrero).
El informe es muy duro al describir las conductas por las que Vera y Colorado fueron condenados, primero por la Audiencia de Madrid y posteriormente por el Tribunal Supremo, que rechazó sus recursos, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al hacerse con 645 millones de pesetas (caso de Vera) y 89 millones de pesetas (Colorado) de los fondos reservados del Ministerio del Interior, del que eran altos cargos en la anterior etapa de Gobierno del PSOE. "Sumas de las que dispusieron sin empacho alguno los condenados --dicen los dos informes--, abusando de su facilidad de acceso a la 'llave de la caja' a través de los mecanismos facilitados por el entonces vulnerable sistema existente para su control".
Privilegiada situación
Agrega que, desde su privilegiada posición, los dos condenados operaron con total impunidad, "sabedores del escaso margen de riesgo de ser descubiertos", y desde esa "cómoda posición, de manera mendaz y desleal, procedieron a un expolio sin consideraciones de los fondos encomendados a su gestión, desvalijando sin el menor pudor las arcas del Estado al solo fin de enriquecerse con el dinero público". A continuación, el fiscal señala que este tipo de delitos han sido históricamente castigados con gran severidad, "por el quebranto y descrédito que suponen para la función pública", y "por el abuso añadido que comporta la posición de quienes, estando obligados a ser los primeros garantes de aquella, defraudan con engaño sus intereses, no existiendo razón alguna para que dicho rigor decaiga en este preciso momento".
Por todo ello, la Fiscalía estima que las penas impuestas a Vera y Colorado no pueden considerarse "en modo alguno" desproporcionadas en relación a la conducta enjuiciada, el mal causado por la infracción y las circunstancias personales de ambos reos. En ese sentido, recuerda que ninguno de ellos fueron condenados a la pena máxima prevista para su delito, que era de ocho años de cárcel. En el caso de Vera, el fiscal destaca en su contra además que no ha pagado al Estado la suma de 3,8 millones de euros que fue condenado a devolver. Del mismo, el informe consigna que Rodríguez Colorado, tras la confirmación de su condena por el Supremo el pasado mes de octubre, pagó parte del dinero que fue condenado a devolver al Estado, y se ha ofrecido a abonar el resto de forma fraccionada, garantizando con hipoteca sobre su vivienda el importe de los plazos adeudados.
Vera y el arrepentimiento
Pese a todo lo anterior, el fiscal dice en favor de Vera que, el hecho de que no haya solicitado el indulto personalmente, no debe traducirse como ausencia de arrepentimiento por su parte, "en la medida que no puede dejar de adivinarse" en esa decisión, "desde la perspectiva de su fuero interno, una posición coherente con el sostenimiento a ultranza de su perdida inocencia". Además, recuerda que la Ley permite que el indulto lo pidan parientes o cualquier persona en nombre un condenado, lo que comporta la aquiescencia del mismo.
Para Vera se han solicitado tres indultos. Uno por el ex presidente del Gobierno socialista Felipe González y sus ex ministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, que lo piden igualmente para Colorado; así como por su abogado, Manuel Cobo del Rosal; y por el también letrado Miguel Cid Cebrián. En cuanto a Colorado, lo pide él personalmente para sí, aparte de la petición presentada por Felipe González.
En su informe, el fiscal señala además que el dictamen sobre los indultos correspondiente al tribunal sentenciador en este caso, deberá ser emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo, por ser la que dictó la segunda sentencia del caso, y no por la Audiencia de Madrid. Una vez que se pronuncie el tribunal, la decisión final sobre los indultos corresponderá al Gobierno, para el que ninguno de los informes mencionados es vinculante. En el dictamen del fiscal se señala que diversos ciudadanos han presentado escritos de adhesión personal a las peticiones de indulto, y también se recoge que, en el caso de Vera, ha habido también escritos de oposición, como el del sindicato de funcionarios públicos "Manos Limpias".