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El Plan Antipiratería contempla detectar y eliminar todos los contenidos ilícitos de Internet

El Consejo de Ministros de este viernes dio luz verde con carácter de "urgencia" al Plan Integral en Defensa de la Propiedad Intelectual, más conocido como Plan Antipiratería. Con él se pretende luchar contra el top manta y las descargas ilegales en Internet mediante la creación de un grupo policial específico y la implantación de juicios rápidos. Las reacciones al nuevo Plan Antipiratería no han tardado en llegar: las asociaciones de Internautas lo han acogido con escepticismo, el PP lo ha tachado de "puro humo" y la SGAE lo ha aplaudido definiéndolo de "ambicioso".

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El Consejo de Ministros de este viernes dio luz verde con carácter de "urgencia" al Plan Integral en Defensa de la Propiedad Intelectual, más conocido como Plan Antipiratería. Con él se pretende luchar contra el top manta y las descargas ilegales en Internet mediante la creación de un grupo policial específico y la implantación de juicios rápidos. Las reacciones al nuevo Plan Antipiratería no han tardado en llegar: las asociaciones de Internautas lo han acogido con escepticismo, el PP lo ha tachado de "puro humo" y la SGAE lo ha aplaudido definiéndolo de "ambicioso".
L D ( Europa Press) En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, detalló los puntos fundamentales de este Plan, que se ha aprobado con carácter de "urgencia" ante la situación por la que está pasando la música y el cine, que "están literalmente tirados por los suelos". "Con la impunidad de los delincuentes que la copian asiduamente y con la inconsciencia de los compradores, el sector de la música se resiente de forma grave. Hemos decidido poner fin a esta situación que afecta no sólo a la música sino también al cine y a muchas marcas de consumo", dijo.
 
La ministra portavoz subrayó la necesidad de "poner fin" a la impunidad de los piratas y a la complacencia o desconocimiento de quienes compran a través de estos sistemas. Es por ello que este plan pretenda defender el derecho de los creadores frente a los efectos devastadores de la "piratería" desde el punto de vista cultural, económico y social.
 
Once ministerios implicados
 
En este plan están implicados once ministerios y contempla medidas como las que va a llevar a cabo el Ministerio del Interior: crear un grupo policial específico o el refuerzo de coordinación con las policías autonómicas y municipales. Además, se va a firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con planes territoriales que actúen en las áreas y épocas de mayor incidencias en la piratería.
 
También se llevarán a cabo acuerdos de colaboración internacional. "Hemos llegado a establecer criterios conjuntos con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado, y el fiscal general del Estado va a adoptar medidas de unificación de criterios para los fiscales y de instrucciones precisas", afirmó.
 
Juicios rápidos
 
Por su parte, el Ministerio de Justicia va a poner "énfasis" en la eficacia de los juicios rápidos y reforzará la especialización de los miembros del Ministerio Fiscal y de los peritos y policías judiciales para abordar este tema. Además, mejorarán las técnicas de incautación, recogida de muestras, custodia y destrucción de copias ilegales.
 
El Ministerio de Cultura va a firmar un Convenio con la FEMP para el desarrollo de campañas de concienciación ciudadana, la elaboración de un 'mapa de piratería' en España, para lograr en función del principio de subsidiariedad, una persecución más eficaz y ofrecer un servicio de asesoramiento a todos los ayuntamientos. La ministra Carmen Calvo comparecerá la próxima semana para dar más detalles.
 
Uno de los puntos más controvertidos en la lucha contra la piratería es Internet. Para ello, los Departamentos de Cultura e Industria crearán un grupo de trabajo que junto con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y con la industria de las tecnologías de la información puedan abordar los instrumentos para luchar contra la piratería en Internet y fomentar la autorregulación.
 
"Se trata de acabar con una práctica ilegal con la que los discos salen baratos al comprador pero salen muy caros a una sociedad como la nuestra. Si a los músicos, a nuestros músicos, les va mal, a la música le va mal, y si a la música le va mal, le va mal a los creadores y le va mal a nuestra cultura, que entre todos debemos de preservarla", concluyó De la Vega. El Plan se concibe como un instrumento integral que debe servir para erradicar o, al menos, contribuir a la erradicación de este fenómeno. Contempla cinco bloques de medidas y la puesta en marcha de cuatro acciones que se aplicarán con carácter urgente.
 
Cinco bloques de medidas
 
Además de las acciones urgentes contiene cinco bloques de medidas cuya aplicación se va a realizar a medio y largo plazo. Medidas preventivas, para determinar el alcance real del problema y conocer las razones que llevan a los ciudadanos a consentir el comercio y consumo de productos ilícitos.
 
Medidas también de sensibilización, por medio de campañas para explicar a la sociedad el valor y sentido de la propiedad intelectual. El Plan, además, parte de la premisa de que la legislación española es suficiente para acotar estos comportamientos delictivos. Pese a ello, dentro de la ejecución del Plan se analizará la actual normativa con el afán de suplir, en su caso, las lagunas normativas que pudieran existir para dotar a policías y jueces de los instrumentos precisos para combatir estas actividades.
Incluye, asimismo, medidas formativas, dirigidas muy en particular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos y locales, así como de los miembros de la Carrera Judicial y de la Fiscalía. Y medidas de cooperación y de colaboración de todas las Administraciones.
 
El Plan, elaborado por el Ministerio de Cultura, implica a once Ministerios (Presidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Interior, Educación y Ciencia, Industria, Turismo y Comercio, Sanidad y Consumo, Asuntos Exteriores, Administraciones Públicas y Cultura) y prevé la colaboración activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, de otros sectores implicados, las instituciones públicas y los consumidores.

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