L D (EFE) Tras una reunión de más de dos horas con los sindicatos UGT, CCOO y la CEOE, con los que el Gobierno consensuó el Reglamento de Extranjería, Caldera explicó que este mecanismo -existente en la normativa- permitirá la inscripción en el padrón, "en base a la acreditación de la permanencia en España aportando como prueba documentos públicos fehacientes". Para que el instrumento se aplique homogéneamente y "con suficientes garantías", la propuesta se trasladará al Consejo de Empadronamiento para que "valore su acreditación" y determine cuáles deben ser dichos documentos públicos.
El Consejo de Empadronamiento es un organismo colegiado en el que participa el Instituto Nacional de Estadística y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y representantes de los ministerios de Administraciones Públicas y de Asuntos Exteriores. La iniciativa da respuesta a múltiples peticiones de asociaciones de inmigrantes, del Defensor del Pueblo y del Consejo General de la Abogacía, en el sentido de poder aportar un documento distinto al certificado de empadronamiento para probar la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004, una de las condiciones para la regularización (junto a un contrato laboral y carecer de antecedentes penales).
Actualmente existe un número indeterminado de inmigrantes que no se empadronaron por miedo a ser expulsados del país por la policía, debido a obstáculos administrativos en los ayuntamientos donde residen o bien porque era innecesario para optar a servicios públicos como la sanidad, caso de la comunidad andaluza. Caldera, que leyó el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, subrayó que la aplicación del "empadronamiento por omisión" siempre será sobre la base de considerar que "el certificado del padrón es requisito imprescindible" para acogerse a dicho proceso.
Tras reiterar que el proceso descansa en la vinculación entre el contrato y la autorización para residir, Gobierno y agentes sociales manifestaron que siendo conscientes de que cada uno de los documentos exigidos puede causar la imposibilidad de normalizar algunas situaciones, "el proceso se caracteriza por su solvencia" al fijar requisitos fiables y verificables que garantizan su adecuación "a los objetivos pretendidos". En esta línea, "las interpretaciones que puedan producirse, al igual que sucedió con el compromiso empresarial en el sector agrario, tanto por motivos de seguridad jurídica y de respeto a la legalidad, se atendrán al acuerdo en torno al Reglamento y a lo establecido a la disposición adicional tercera", que fija el periodo extraordinario de tres meses, indicó el ministro.
Por otro lado, el Gobierno, UGT, CEOE y CCOO, "en la perspectiva del 7 de mayo" (último día de esta regularización), expresaron su voluntad a "intensificar la colaboración mutua para animar a todos los sectores interesados a incorporarse al proceso, ampliando así sus resultados con las importantes ventajas que ello conlleva, en forma de empleo legal y nuevos contribuyentes". La Mesa de Diálogo Social valoró además "muy positivamente" el desarrollo en sus dos primeros meses del proceso de normalización a nivel organizativo y de resultados: más de 300.000 solicitudes presentadas, acompañadas de sus contratos de trabajo, lo que supone multiplicar por tres el número de peticiones del primer mes.
Junto a Caldera, asistieron a la reunión el secretario confederal de Inmigración de Comisiones Obreras, Julio Ruiz; la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí; la secretaria confederal de UGT, Almudena Fontecha; la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy, y representantes de la patronal CEOE, entre otros.
El Consejo de Empadronamiento es un organismo colegiado en el que participa el Instituto Nacional de Estadística y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y representantes de los ministerios de Administraciones Públicas y de Asuntos Exteriores. La iniciativa da respuesta a múltiples peticiones de asociaciones de inmigrantes, del Defensor del Pueblo y del Consejo General de la Abogacía, en el sentido de poder aportar un documento distinto al certificado de empadronamiento para probar la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004, una de las condiciones para la regularización (junto a un contrato laboral y carecer de antecedentes penales).
Actualmente existe un número indeterminado de inmigrantes que no se empadronaron por miedo a ser expulsados del país por la policía, debido a obstáculos administrativos en los ayuntamientos donde residen o bien porque era innecesario para optar a servicios públicos como la sanidad, caso de la comunidad andaluza. Caldera, que leyó el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, subrayó que la aplicación del "empadronamiento por omisión" siempre será sobre la base de considerar que "el certificado del padrón es requisito imprescindible" para acogerse a dicho proceso.
Tras reiterar que el proceso descansa en la vinculación entre el contrato y la autorización para residir, Gobierno y agentes sociales manifestaron que siendo conscientes de que cada uno de los documentos exigidos puede causar la imposibilidad de normalizar algunas situaciones, "el proceso se caracteriza por su solvencia" al fijar requisitos fiables y verificables que garantizan su adecuación "a los objetivos pretendidos". En esta línea, "las interpretaciones que puedan producirse, al igual que sucedió con el compromiso empresarial en el sector agrario, tanto por motivos de seguridad jurídica y de respeto a la legalidad, se atendrán al acuerdo en torno al Reglamento y a lo establecido a la disposición adicional tercera", que fija el periodo extraordinario de tres meses, indicó el ministro.
Por otro lado, el Gobierno, UGT, CEOE y CCOO, "en la perspectiva del 7 de mayo" (último día de esta regularización), expresaron su voluntad a "intensificar la colaboración mutua para animar a todos los sectores interesados a incorporarse al proceso, ampliando así sus resultados con las importantes ventajas que ello conlleva, en forma de empleo legal y nuevos contribuyentes". La Mesa de Diálogo Social valoró además "muy positivamente" el desarrollo en sus dos primeros meses del proceso de normalización a nivel organizativo y de resultados: más de 300.000 solicitudes presentadas, acompañadas de sus contratos de trabajo, lo que supone multiplicar por tres el número de peticiones del primer mes.
Junto a Caldera, asistieron a la reunión el secretario confederal de Inmigración de Comisiones Obreras, Julio Ruiz; la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí; la secretaria confederal de UGT, Almudena Fontecha; la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy, y representantes de la patronal CEOE, entre otros.