Aunque ninguno de los participantes en la reunión adelantó posibilidades, Caldera citó de nuevo la cartilla sanitaria, los certificados de asistencia a colegios públicos o los documentos tramitados ante la administración y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, avanzó que cualquier certificado deberá poder ser constatado con una base de datos para comprobar su veracidad. Cada uno aporta su granito de arena. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), cuyo alcalde es vicepresidente de la Comisión de Inmigración de la FEMP, propuso a los miembros del Consejo de Empadronamiento que se acepten por ejemplo registros en guarderías o complejos deportivos, informes médicos, certificados bancarios o inscripciones consulares.
Sin embargo, puede ser que cuando se concrete ese punto no acabe el problema, ya que el concejal de Administración del Ayuntamiento de Valencia, Vicente Igual, anunció este miércoles que el consistorio no aplicará el empadronamiento por omisión con carácter retroactivo "mientras no tenga la cobertura legal necesaria". A su juicio, el reglamento es "muy claro" y establece que en ese empadronamiento debe consignarse la fecha en la que el ciudadano se da de alta, por lo que mientras no se cambie la norma se podría estar cometiendo "un delito" si se le inscribe con otra fecha.
El presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Luis Partida, aseguró también que los ayuntamientos madrileños seguirán pidiendo la misma documentación para empadronarse -DNI o pasaporte y un justificante de la vivienda, que puede ser un contrato de arrendamiento o un recibo de la luz- "mientras no nos digan cómo hacerlo, con qué medios y con qué base legal".
Avalanchas de inmigrantes pidiendo información
Ante esta situación, muchos inmigrantes acudieron este miércoles a dependencias municipales para solicitar información, como ocurrió en Murcia, donde, según su alcalde, Miguel Angel Cámara, se registró una "avalancha" de extranjeros pidiendo aclaraciones con todo tipo de papeles para acreditar su estancia en el municipio, desde multas de tráfico a recibos de compra.
La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, solicitó la convocatoria urgente del Consejo Superior de Inmigración, órgano en el que están representadas las administraciones estatal, autonómica y local, para estudiar el empadronamiento por omisión para inmigrantes. Por su parte, la Federación de Municipios de Cataluña pidió por carta al Gobierno criterios claros y recursos suficientes para expedir esos certificados de empadronamiento por omisión
Frente a quienes piden concreción, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, se mostró partidario de que en el empadronamiento por omisión puedan aportarse "todas las pruebas válidas" para acreditar la estancia en España, sean públicas, privadas o de testigos, porque resultaría una injusticia que alguien quede fuera del proceso por un defecto documental. La asociación de inmigrantes AESCO se sumó a esta opinión y pidió además una prórroga de sesenta días en el proceso.