(Libertad Digital) La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui del delito societario por el que fueron juzgados en relación con las indemnizaciones de 56 y 108 millones de euros cobradas por los dos últimos, respectivamente, tras su salida del banco.
La sentencia, hecha pública este jueves, ordena también la devolución a Botín de dos avales bancarios por valor de 56,09 millones y 108,18 millones de euros, emitidos por "La Caixa", que fueron depositados el 11 de mayo de 2204 ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 para hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles que podían derivarse de este proceso.
Según la sentencia, no hubo administración desleal, al haberse actuado con "transparencia" de cara al órgano de gobierno del banco y al responder, las retribuciones fijadas, "a principios de equidad". Tampoco ha quedado acreditado que estos abonos produjeran "perjuicio alguno" al Santander, pues las remuneraciones se consideraron un "gasto" en línea con "las cifras que se manejan para los primeros ejecutivos de empresas internacionales". Además, en las conclusiones de la sentencia se indica que no hubo apropiación de dinero, ya que el pago se realizó porque el Santander "podía hacerlo".
El caso llegó a la Audiencia Nacional en 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y contra José María Amusátegui por el cobro de estas jubilaciones. La querella se basaba en el supuesto perjuicio patrimonial para todos los accionistas. A esta querella se sumó la de Rafael Pérez Escolar –ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde y condenado tras la intervención del banco–.
El Fiscal pidió en 4 ocasiones el sobreseimiento del caso
Los magistrados encargados de juzgar el caso han sido el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, Ramimunda Peñafor y Luis Martínez de Salinas, quien además ha sido el ponente de la sentencia. El juicio del que este jueves se ha conocido la sentencia tiene su origen en la marcha anticipada del entonces copresidente del BSCH, José María Amusátegui, que abandonó la entidad en agosto de 2001, y por lo que recibió un bonus de jubilación de 43,7 millones de euros. Cinco meses después, presentaba su dimisión el entonces consejero delegado, Ángel Corcóstegui, que recibió del banco otro bonus de 108 millones de euros.
La juez Teresa Palacios encontró en el pago de estas dos cantidades posibles delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por parte de Botín, Amusátegui y Corcóstegui. El Grupo Santander defendió en todo momento la absoluta legitimidad de los pagos, que fueron aprobados por unanimidad en los sucesivos consejos de administración del banco. El propio Fiscal de la Audiencia Nacional pidió en cuatro ocasiones el archivo de la causa por no encontrar indicios de delito y solicitó de nuevo la absolución de los acusados en el juicio oral por considerar que no hubo "abuso de poder ni disposición fraudulenta".
La defensa de Botín argumentó que el bonus de Amusátegui se pactó inmediatamente después de la firma del proyecto de fusión Santander-BCH, el 15 de enero de 1999, concretamente el 17 de abril de ese año, así como las que debían regir la relación de Corcóstegui con el banco. Además, sostuvo que ambas se ajustaron al mercado. Por el contrario, la acusación afirmó que esos pagos se aprobaron sin el conocimiento de los accionistas y fueron además la fórmula con la que Emilio Botín zanjó la lucha de poder que se había desatado en el banco como consecuencia de la integración de Santander y BCH.