(Libertad Digital) “El trabajo de más de mil funcionarios de policía y guardias civiles en los tres últimos años ya no vale para nada. Se ha tirado a la papelera”. Así de contundente se muestra el portavoz de la CEP que considera “insólito” que ahora un funcionario municipal tenga que empadronar a un extranjero contra el que está decretada su expulsión y está en búsqueda y captura.
“Caldera es un mago. Es la única persona que transforma órdenes de expulsión en permisos de residencia. ¿Para qué ha servido montar redadas, operativos, detenciones? Es inaudito que a una persona con una orden de busca y captura se le premie con un permiso de residencia”, dice Gavilán, que vincula esta decisión con el fracaso del proceso de regularización al no llegar a las 800.000 solicitudes.
“Ahora nos encontramos con que 500.000 ilegales se han quedado fuera del proceso, pero tenemos otros 400.000 más que han entrado por el efecto llamada”, dice el portavoz sindical, que atribuye a las presiones de las ONG la decisión del ministro. ”A Caldera le ha salido el tiro por la culata y ha cedido a las presiones” de las ONG. Según Gavilán, Caldera se ha enfrentado a la UE, al poder judicial y ha desoído a los sindicatos policiales para “contentar” a las ONG.
La CEP pide a Interior que, “si todo el que se cuela acaba regularizándose”, se disuelvan los grupos operativos de Extranjeros y los dispositivos de la Guardia Civil en el Estrecho y se destinen esos funcionarios a otras tareas como el maltrato, el blanqueo de dinero o el tráfico de drogas.