L D (Agencias) El Jefe del Estado, acompañado por la cúpula militar, anunció en un mensaje en la cadena nacional de televisión trasmitido desde Quito, la capital del país, que en uso de sus atribuciones constitucionales declaraba "cesantes a los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, designados por el Congreso" el 8 de diciembre del 2004.
"La disposición fue adoptada debido a que el Parlamento hasta la presente fecha no ha resuelto el tema de la actual Corte Suprema de Justicia, lo cual está generando una grave conmoción nacional y en especial de la ciudad de Quito que rechaza el funcionamiento de la actual Corte Suprema de Justicia", afirmó el mandatario.
En el artículo tres del mismo decreto, Gutiérrez declaró "el estado de emergencia" en esta capital "en atención al grave estado de conmoción interna que afronta esta jurisdicción". "Consecuentemente, se establece como zona de seguridad el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de su jurisdicción y dispone la movilización y las requisiciones que sean necesarias, de acuerdo con la ley", indicó el mandatario. "Igualmente se limitan los derechos civiles ... y se dispone que la fuerza pública, a través del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, controle y mantenga el orden constituido".
Protestas masivas desde el miércoles
Miles de ciudadanos salieron a las calles desde el miércoles reclamando la renuncia de Gutiérrez, convocados por la estación de radio La Luna. De los cientos de personas que se manifestaron ese día, se pasó a 2.000 el segundo y cerca de 10.000 el viernes en al menos tres sitios de la capital ecuatoriana.
"Lucio fuera" o "¡Qué se vayan todos!" eran algunos de los estribillos más repetidos por los asistentes a las protestas, mientras en diversos puntos de la ciudad caravanas espontáneas de vehículos circulaban haciendo sonar sus bocinas con letreros en contra del Gobierno.
En diciembre pasado, el Congreso, atendiendo una disposición de Gutiérrez, cesó a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema, lo que de inmediato fue denunciado como una acción inconstitucional por parte de la oposición política. Una de las acciones más controvertidas de la nueva Corte fue la anulación de los juicios pendientes de los ex presidentes Abdalá Bucaram, polémico líder populista y Gustavo Noboa, así como del ex vicepresidente Alberto Dahik.