LD (Agencias) Tras esta decisión, aumentó el malestar en la sociedad ecuatoriana, que considera que el presidente Gutiérrez con la reforma de la Corte Suprema pretendía politizar la justicia y anular la independencia del poder judicial. A partir del 13 de abril las movilizaciones contra el presidente y la reforma judicial se intensifican en Quito y otras ciudades del país lo que desemboca en una sorpresiva aparición televisiva de Lucio Gutiérrez, el pasado viernes, en la que anunciaba el cese de los magistrados de la Corte Suprema y decretaba el estado de excepción para acabar con las protestas.
Pero las manifestaciones continuaron lo que llevó a Gutiérrez a levantar el estado de excepción el sábado, tan sólo 19 horas después de decertarlo. Ante esta situación y el aumento de las protestas, el Congreso de Ecuador ha ratificado este lunes el cese del Corte Suprema y la ley que lo reformaba.
En la última sesión del Congreso de Ecuador para tratar de solucionar la crisis, este lunes, 89 diputados presentantes han aprobado por unanimidad el cese de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores aprobaron una resolución por la que dejan sin efecto el reemplazo de los anteriores magistrados, proceso que calificaron de ilegal e ilegítimo. El proyecto imposibilita a los anteriores jueces a retomar sus funciones.
En la misma sesión intensa y crispada, los congresistas han instado a aprobar las normas necesarias para que se proceda cuanto antes a la reconstrucción integral de la Corte Suprema de Justicia a través de los mecanismos que contemplen un comité elegido por la sociedad civil y bajo supervisión internacional.
Los 89 diputados presentes de los cien que integran la cámara, son miembros de la denominada mayoría institucional, afines a la formada por la Sociedad Patriótica (SP) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). No asistieron los miembros del principal partido de la oposición, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN). En tanto, en la calle, cientos de manifestantes protestaban contra los diputados a los que acusaron de ser los responsables del embrollo judicial que ha soportado el país en los últimos cuatro meses.
La decisión parlamentaria desautoriza un acuerdo sellado el sábado entre el titular del Congreso, Omar Quintana, y el presidente de la república, Lucio Gutiérrez, por el que pretendían que la Cámara cesase a la Corte Suprema y aprobara unas reformas legales que permitían reorganizarla. El presidente disolvió la Corte Suprema la noche del viernes, cuando también declaró el estado de excepción a Quito, donde han arreciado las protestas en su contra.